Su demanda la formula dada la incertidumbre económica derivada de la pandemia, “la gran sensibilidad de la limitación retributiva frente a los cambios en las perspectivas macroeconómicas”, y “la elevada inversión en algunas actuaciones”, en el informe elaborado sobre la planificación de la red de transporte eléctrica para el periodo 2021-2026. El organismo de competencia estima que dicha senda “podría revisarse cuando se logre una mayor estabilidad económica”.
El estudio analiza la propuesta de planificación del gestor de la red de transporte de energía eléctrica (REE) y su estudio ambiental estratégico, formulado de acuerdo a la senda de transición energética definida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que presentará un cambio sustancial en 2026 con respecto a la situación actual.
En la propuesta se prevé una inversión de 6.668 millones de euros para el periodo 2021-2026, de los que 5.629 millones se destinarán al desarrollo de infraestructuras en los sistemas eléctricos nacionales, y tienen un límite máximo de inversión con derecho a retribución que sufraga el sistema eléctrico.
Los 1.039 millones restantes se corresponden con las interconexiones internacionales de España-Francia por el Golfo de Vizcaya (730,9 millones), Marruecos (233,6 millones), Andorra (14,7 millones), así como la de Norte España-Portugal (59 millones).
Sin embargo, estas últimas inversiones no computan dentro de los límites de inversión máxima retribuible, de acuerdo con los últimos cambios normativos. En la actualidad, las interconexiones internacionales durante el periodo 2021-2026 no estarían sujetas al límite de inversión máxima que garantice la estabilidad presupuestaria, y han de retribuirse a través de los peajes eléctricos.
Así la inversión total anual para el periodo 2021-2016, y sujeta a limitación, alcanzaría casi los 938,6 millones de euros, algo que, según avisa la CNMC, supone un elevado nivel de inversiones “que sobrepasaría en varios años el volumen máximo de inversión fijado” por normativa a través del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 junio.
La CNMC estima que, si se considera el límite sectorial total para el periodo y teniendo en cuenta el escenario macroeconómico definido por la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, “sí se admitiría la inversión que se ha previsto en la propuesta, 5.629 millones de euros frente a los 5.691 millones de euros”.
A tenor de estos cálculos, el organismo propone que se fije una senda inversora “sujeta al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico” y que pueda ser revisable “cuando se logre una mayor estabilidad económica”.
En conjunto, la CNMC valora positivamente la propuesta, pero como aún tiene pendiente de incorporar las consideraciones surgidas en el trámite de audiencia por los agentes afectados, entre otros, las Comunidades Autónomas, y de la evaluación ambiental estratégica estima oportuno volver a valorar su contenido cuando se cuente con la información consolidada, y antes de que se envíe definitivamente al Congreso de los Diputados.