Bal hizo estas manifestaciones en la Puerta del Sol, en Madrid, donde acudió a apoyar la concentración convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AIUGC), que reclaman equiparación salarial con otros Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ministerio de Sanidad comunicó el viernes a las comunidades y ciudades autónomas la orden de la ministra de 4 de junio de 2021, mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) frente al Covid-19 y que obliga a su cumplimiento. En esta orden se especifica que independientemente del sentido de su voto en el pleno del pasado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, esta Orden obliga a todas a cumplir los acuerdos por haberlo recibido esta misma tarde.

El citado acuerdo establece nuevas restricciones al ocio nocturno. Permite su apertura en territorios con niveles 1 y 2 de alerta (todos menos País Vasco y La Rioja). Los locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las dos de la madrugada aunque podría ampliarse hasta las tres. El consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se hará sentado en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas.

Del mismo modo, según este documento, no se podrá superar el 50% de aforo máximo en el interior del local. Las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas siempre asegurando la distancia entre mesas, que tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 personas en exterior.

Cinco comunidades autónomas han votado en contra de las nuevas restricciones, entre ellas Madrid. Bal pidió este sábado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, “que se aclare y que nos aclare de una vez por todas porque toma medidas más restrictivas cuando las comunidades autónomas, en virtud de la experiencia acumulada, está tomando sus propias decisiones”.

“¿En qué quedamos?”, se preguntó, “¿en la cogobernanza o en el mando único? Porque no valen las dos cosas”. Bal, abogado del Estado, considera que para que las decisiones de la Comisión Interterritorial de Salud sean vinculantes es imprescindible que se tomen por unanimidad y si no, serán solamente recomendaciones. A su entender el gobierno ha aprovechado una “zona muy gris del derecho” para imponer sus condiciones.