Así lo pone de manifiesto el informe del Servicio Jesuita al Migrante (SJM) presentado este viernes en el Senado, titulado ‘Razón jurídica y sinrazón política’, que denuncia lo “innecesario, caro e inútil” de este recursos.

Según sus datos, 2.224 personas fueron internadas en CIE durante 2020, una cifra muy inferior a la del año previo a los meses de cierre durante el primer estado de alarma y a las restricciones de aforos en su reapertura.

De las personas allí retenidas, el 79%tenía orden de devolución por entrada irregular, y el 16% se hallaban inmersas en un proceso de expulsión. Un total de 42 internos fueron encontrados menores de edad, y solo hubo 16 mujeres.

El informe destaca que solo el 28% de las 1904 devoluciones de personas a terceros países ordenadas por España en 2020 procedían de CIE (en 20219 fueron un 16%). Del mismo modo, las expulsiones desde CIE supusieron el 38% del total.

Según Josep Boadas, director de la asociación Claber y autor del informe, la gran mayoría de las devoluciones se producen durante las primeras 72% horas tras la entrada en España de las personas.

“Su internamiento en un CIE causa un sufrimiento inútil, caro e innecesario”, como ponen de manifiesto los datos. De hecho, el 47% de los internos en 2020 debieron ser puestos en libertad ante la imposibilidad de ser repatriados. Ahora bien, “el tiempo que permanecen allí (30,70 días de media en 2020) es fuente de sufrimiento y de vulneración de derechos”.

DESATENCIÓN SANITARIA

En esta edición, el informe presta especial atención al impacto de la pandemia del Coronavirus en los CIE, donde denuncia “la falta de una adecuada atención sanitaria”.

“Aislamientos y confinamientos en situaciones muy precarias, prohibición de visitas en el CIE de Barcelona y escasa vigilancia judicial del funcionamiento” han sido la tónica durante este tiempo, señaló Boadas.

Se han dado casos de “intentos de suicidio y de ataques de ansiedad” en personas sometidas a confinamiento”, manifestó, “y solo en Madrid se permitieron visitas de familiares u ONG”. “La salud fue lo primero para el resto de la población, pero no en los CIE”, denunció.

A su juicio, la decisión de vaciar estos centros con el primer estado de alarma, aunque “descoordinada al principio, resultó acertada y lógica”, dada la imposibilidad de devolución que impuso el cierre de todas las fronteras.

Criticó en cambio la reapertura ordenada el 23 de Septiembre de 2020, cuando “se aproximaba una segunda ola”. Señaló que el anuncio coincidió justo con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que “apuesta por la expulsión y la detención”.

Para Boadas, “quisimos dar un mensaje europeísta en el peor de los sentidos: cuando todos los países volvían a cerrar, nosotros nos comprometíamos a seguir internando y expulsando”. “Todo lo relacionado con la inmigración preocupa mucho en las sociedades europeas” que, como la española, “no entienden la vulneración de derechos” que esta práctica supone.

“Nuestro mayor problema es que nos enfrentamos a unas opiniones públicas que piensan que lo que sucede en los CIE es normal y ajustado a Derecho, y no lo es”, recalcó.