Estos son algunos datos de la UE y la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (Ipbes) que la Alianza por la Solidaridad-ActionAid recuperó este viernes con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora mañana, 5 de junio.

En esta jornada, este colectivo exigió que se pongan en marcha una “efectiva justicia climática”, para lo cual consideró “fundamental” la reparación mediante compensaciones económicas dimanantes de un fondo que palíe daños y pérdidas en los países que no han provocado el cambio climático con sus emisiones, pero que sufren los impactos de sus consecuencias.

Esta ONG señaló como “inadmisible” que en las reuniones previas a la próxima Cumbre del Clima (COP26) que se están celebrando actualmente no se esté tratando esta cuestión “que es fundamental para dar apoyo a las comunidades más vulnerables del Sur Global”.

También denunció que el cambio climático genera pérdidas que oscilan entre el 24% y el 36% de la productividad agrícola en Centroamérica y África, un fenómeno al que se suma el incremento de la demanda de recursos que cubren el consumo en aumento en los países en desarrollo.

Esto le permitió observar que en diferentes países el extractivismo de las empresas transnacionales “está poniendo al límite” a numerosas comunidades, como consecuencia del “acaparamiento” de tierras y agua para monocultivos (caña de azúcar, palma africana, frutas) o ríos para la construcción de hidroeléctricas.

A su vez, recordó que en 2019 el 8% de las familias del Corredor Seco centroamericano, muchas de las cuales eran de pequeños agricultores, se planteaba emigrar hacia el norte del continente debido a las difíciles condiciones en las que vivían, una situación que ha empeorado “drásticamente” tras el paso de los huracanes Eta e iota el pasado otoño.

Por su parte, la falta de perspectivas de mejora provoca un aumento de los conflictos sociales, como los que están teniendo lugar en Colombia o Haití. En otros países, como Guatemala, Honduras y El Salvador, la violencia se recrudece, “aumentando la criminalización” de quienes se oponen a determinados proyectos empresariales en sus territorios sobre los que no son consultados ni informados.

Por último, y en clave española, Alianza por la Solidaridad-ActionAid consideró conveniente la puesta en marcha de una normativa nacional sobre “debida diligencia” que “obligue
a que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, algo que sólo hacen el 8% de las empresas españolas.