El cambio normativo responde a la adecuación de la normativa española a las nuevas necesidades y retos adquiridos para alcanzar el objetivo de descarbonización a 2050 y adapta la certificación energética a la normativa europea mediante la transposición parcial de la Directiva 2018/844.

Se enmarca dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece como objetivo a 2030 la rehabilitación de 1,2 millones de viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios, y ayudará en la puesta de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con la aprobación del real decreto se amplía además el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia energética, ya que será exigible a aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo.

También deberán contar con ella los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a los 250 metros cuadrados, independientemente de la frecuencia y afluencia de público en el mismo, umbral que supera al mínimo exigible a nivel comunitario.

Por último, extiende también la obligación de contar con el certificado a aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y rehabilitaciones energéticas en los próximos años.

La nueva norma distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 años a 5 años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética, y obligará a mostrar la calificación energética en la publicidad de alquiler o venta de los edificios.