Según las previsiones, la audiencia que revisará esta cuestión comenzará el 6 de julio, y en ella intervendrán las dos mujeres impulsoras del recurso. La primera es Heidi Crowter, una activista de 25 años con síndrome de Down, y la segunda Máire Lea-Wilson, madre de un niño con este mismo Síndrome.

Desde 2019, Crowter impulsa una campaña para ilegalizar el artículo 1.1 de la norma británica que, en su opinión, “sugiere que las vidas como la mía no tienen el mismo valor”. Crowter llegó a enviar una carta al secretario de Estado de Salud para pedirle su revisión.

Por su parte, Máire Lea-Wilson explicó que se concienció sobre el tema al escuchar una entrevista con la joven activista, donde Crowter explicaba cómo esta ley le hacía sentir “una persona no querida”.

Lea-Wilson recibió la noticia de que su segundo hijo, Aiden, nacería con síndrome de Down cuando se hallaba en la semana 34 de gestación, y pese a este retraso, le ofrecieron tres veces la posibilidad de abortar.

"Durante ese periodo de gran vulnerabilidad, lo único que me repitieron es que mi hijo no sería capaz de vivir de manera independiente” y que “tal vez ni siquiera sería capaz de caminar o hablar”, apuntó Lea-Wilson en una entrevista a CNA.

Nos dijeron que “estaría sometido a continuas operaciones quirúrgicas para corregir sus problemas intestinales y los probables defectos cardíacos congénitos, que tenía una probabilidad muy alta de morir en el útero y que nuestra vida, con él, sería un calvario”, agregó.

Aiden nació dos semanas después del diagnóstico, tiene ahora casi 2 años y su madre está feliz con él. Sin embargo, ella considera que la ley británica no trata a sus dos hijos por igual, ya que es “obsoleta y debe ser cambiada”.

Por ello, acudirá el próximo 6 de julio ante el alto tribunal para “defender la dignidad” de su hijo y de las personas con discapacidad como él.