Durante su participación en el encuentro informativo ‘Tras las reformas legales, las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones’, organizado por la agencia Servimedia y por Fundación Aequitas, de Lorenzo mostró de hecho su confianza en que así sucederá.

“Igual que ocurrió con la reforma de la legislación civil y procesal para los apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, afirmó, el texto propuesto para modificar la Constitución “puede ser mejorado durante el trámite parlamentario”.

En efecto, de Lorenzo espera que se puedan introducir “aquellas mejoras que los expertos, juristas y las propias organizaciones de personas con discapacidad propongan”. Eso sí, siempre buscando el consenso y el máximo acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

En el encuentro participó también la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela María Paz García Rubio, quien propuso a su vez ciertas modificaciones. En concreto, señaló que el texto propuesto por el Ejecutivo contradice en parte la reforma recién aprobada del Código Civil.

Esta última acaba “con la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar”, explicó, puesto que hace suya la previsión de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 establece la igualdad de capacidad jurídica de todas las personas.

“Pues bien, esto supone que las personas con discapacidad “son titulares de todos los derechos y además tienen la potestad para ejercerlos”. De ahí se deriva el final de figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada, que suprimía la voluntad de la persona, y su sustitución por un sistema de apoyos individualizados.

Este “avance conceptual no se recoge en cambio en la propuesta de reforma de la Constitución, que vuelve a distinguir entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, señaló García Rubio. Por eso, sería conveniente aclarar estos términos, opinó.