La cifra de excluidos de las estadísticas de paro, regulada por una normativa aprobada en 1985, siendo ministro de Trabajo Joquín Almunia, ha descendido a lo largo del último año, tras mantenerse casi siempre por encima de los dos millones entre 1992 y 1994.

El principal colectivo de solicitantes de empleo no considerados oficialmente como parados son los 600.600 que realizan trabajos de colaboración social o solicitan un empleo para compatibilizarlo con el actual o cambiarlo por el que ocupan.

Otros 249.000 son estudiantes de enseñanza oficial reglada menores de 25 años, 27.900 jubilados y 32.200 trabajadores afectado por suspensiones o reducciones de jornada por un expediente de regulación de empleo.

El colectivo de excluidos incluye también a 205.000 demandantes de empleo que quieren un trabajo por periodo inferior a tres meses o con jornada semanal de menos de 20 horas y 264.500 trabajadores eventuales agrarios.

El resto son los que se inscriben en las Oficinas de Empleo como requisito previo par participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado, los que solicitan empleo exclusivaente en el extranjero, y quienes se niegan injustificadamente a participar en cursos de formación ocupacional, entre otros supuestos.

Los datos oficiales muestran que, si a los parados registrados oficiales se suman los demás demandantes de empleo, la cifra de solicitantes de trabajo registrados en el INEM alcanzan las 4.404.500 personas.

Esa cifra se ha reducido en 270.000 a lo largo del último año, pero se mantiene en niveles muy superiores a los registrados hasta el inicio de la crisis económia en 1991.