En una entrevista con Servimedia, se refirió al proyecto para reformar el artículo 49 de la Constitución –el que versa sobre las personas con discapacidad—que, además de cambios terminológicos, propone “una auténtica renovación” del texto.

Entre otros puntos, “recoge que las personas con discapacidad somos titulares de todos los derechos; habla de un mandato de protección reforzada (para poder ejercerlos), y se hace eco de la especial situación de las mujeres y niñas con discapacidad”, afirmó.

De hecho, aseguró que junto a las organizaciones del sector, valorará la puesta en marcha de un plan específico para ellas”, dentro de la Estrategia Nacional de Discapacidad. A su juicio, “tenemos una deuda histórica” con ellas, y apostó por ”liberar a mujeres con discapacidad, madres y cuidadoras de la cultura machista y patriarcal”.

“Si la tutela patriarcal ha sido el peor de los males para el desarrollo social e individual de las mujeres, la tutela institucional sigue siendo un dique de contención para que (a las mujeres con discapacidad) se nos reconozca, y en muchos casos para que nosotras mismas nos reconozcamos, como personas”, sentenció.

Con todo, Martín afirmó que trabajará “desde una perspectiva interseccional, porque las personas con discapacidad también somos lesbianas, trans, pobres, gitanas, migrantes y solicitantes de asilo”.

“Estos ejes de opresión, incluyendo la discapacidad y otros factores de diversidad, se entrecruzan y multiplican sus efectos”, explicó, y “llevan a situaciones de marginación, exclusión, riesgo y abuso, que desde el Gobierno tenemos que identificar y paliar”.

ECOLOGISMO

El director general agregó que “tenemos que promover la inclusión como llamada al activismo, porque todas y todos somos responsables de nuestro entorno, de la sostenibilidad del planeta y de la salud ambiental”.

“En esta agenda no sobra nadie, y por eso juntas debemos construir una agenda verde inclusiva”, apuntó, “porque los efectos más lacerantes del cambio climático nos afectan de forma devastadora, y también porque la discapacidad debe ser activo de la mejora colectiva y del bien común”.

Según Martín, la Agenda 2030 es el nuevo instrumento en el marco de las Naciones Unidas que busca reactivar, catalizar y guiar a los Estados hacia los derechos humanos, tantas veces silenciados y vulnerados”.

La apuesta de su Dirección General busca así impregnar las políticas de discapacidad de “una perspectiva de derechos”, dentro de los cuales, la accesibilidad tiene un papel fundamental. “Hablamos de accesibilidad física en viviendas y transportes; de accesibilidad sensorial a las TIC y a la información, y también de accesibilidad cognitiva”, destacó.

En esta línea, se comprometió a impulsar el nuevo Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva, dirigido a fomentar el conocimiento y la investigación sobre un aspecto que, hasta ahora, “había pasado desapercibido”. En su opinión, la accesibilidad cognitiva “está desdibujada y no termina de aterrizar en el día a día de la gente”, por lo que este nuevo centro pretende “darle el estatus que merece”.