El tribunal acuerda suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso de inconstitucionalidad (4 de mayo de 2021) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, dado que el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución,

Asimismo, se acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, así como al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El recurrente considera que se han podido vulnerar las competencias del Estado al atribuir los preceptos impugnados a los Ayuntamientos el otorgamiento de títulos de utilización del dominio público marítimo terrestre en los casos previstos por el plan de uso del litoral y de las playas.