El instrumento de ratificación de la Carta Social Europea revisada, tratado internacional que ensancha los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral y social, fue depositada este lunes por España en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia), y sus efectos jurídicos surtirán en nuestro país a partir del próximo 1 de julio.

No obstante, la firma de esta carta revisada data del año 2000, pero la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación nacional, no ajustada a la misma, llevó a posponer su ratificación, que tanto el movimiento de la discapacidad representado por el Cermi como todo el Tercer Sector en su conjunto venían reclamando en los últimos años y que, según expresan, “por fin ha sido concluida”, tras una demora que se ha prolongado casi dos décadas.

La incorporación al ordenamiento jurídico de esta Carta Social revisada permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de derechos sociales garantizados por este tratado como el derecho a la dignidad en el trabajo, promoviendo la prevención frente al acoso y la violencia en el entorno laboral.

Con ella, se reafirma el derecho a la protección de las personas trabajadoras en caso de despido y el de los representantes de los trabajadores a contar con protección efectiva por parte de la empresa; al tiempo que asume el derecho a la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras.

Además, refuerza la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y sociales; completa el sistema de protección de derechos sociales como la protección contra la pobreza y la exclusión social, y promueve el acceso efectivo al empleo, a la vivienda, a la formación a la cultura y a la asistencia médica.