Pese a la opinión positiva emitida este viernes, desde el sindicato se recordó que el Gobierno y los supervisores tienen responsabilidad y competencia sobre los expedientes, particularmente en el caso de Caixabank, donde el Estado tiene un 16% de participación.

CCOO pidió que el Gobierno vaya “un paso más allá” requiriendo a ambos bancos para que “rectifiquen sus planteamientos de partida en los ERE, a fin de evitar una escalada de conflictividad, reorientando los mismos hacia mecanismos que eviten un impacto traumático sobre el empleo y el recorte de las condiciones laborales de las plantillas, que garanticen la voluntariedad y que cuiden del principal activo de ambas entidades, sus profesionales".

Además, desde CCOO se emplazó al Ejecutivo a que impulse un “gran pacto de Estado” sobre el sistema financiero español junto con administraciones autonómicas, partidos políticos, supervisores y entidades del sector, “incidiendo en el cumplimiento de su fin social, dotar de crédito a la economía real” y contribuyendo a la inclusión financiera.