La operación, según indica la Policía Nacional en una nota, se saldó con 616 detenidos, entre los cuales se encuentran los 14 integrantes de su cúpula. Estos últimos pasaron a disposición judicial y la jueza decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.

A los arrestados se los relaciona con los delitos de falsedad documental, sonoro, blanqueo, pertenencia a organización criminal y contra la seguridad en el tráfico. Se les intervino diversa documentación falsa y cinco coches, dos de los cuales de alta gama.

Las investigaciones comenzaron en verano de 2020, cuando se detectó una persona en un control que exhibió un carné de conducir auténtico pese a que el titular tenía sanciones en su expediente en fecha anterior a la expedición del permiso de la Jefatura Provincial de Girona de la DGT.

Las gestiones y comprobaciones posteriores acreditaron que se trataba de un permiso fraudulento. Además, la investigación derivada de este hecho puso de relieve la existencia de una organización criminal dedicada a la expedición fraudulenta de carnés de conducir a ciudadanos tanto nacionales como originarios de otros países.

OPERATIVA DE LA ORGANIZACIÓN

El cerebro del grupo era un informático que trabajaba como subcontratado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona desde septiembre de 2019. Este trabajador usurpó las claves de acceso de funcionarios de la DGT para poder llevar a cabo esta práctica delictiva, en un principio, con familiares y amigos.

Para dar salida a los permisos contactó con un hombre que le facilitó la red de intermediarios que le hacía falta. Se trata de una persona que ya tenía un historial delictivo y que actuaba como jefe visible de la organización, captaba clientes, hacía los cobros de los permisos y le daba protección. Era el colíder la de organización.

Los líderes del grupo se repartían los “ingentes” beneficios que se obtenían por permiso, a un precio fijo por carné en función de la categoría demandada. Para obtener cada permiso se pagaban cantidades que podrían oscilar desde los 3.000 euros hasta los 15.000.

Con el dinero obtenido, los principales investigados compraban propiedades inmobiliarias, vehículos y otros productos de lujo, y mantenían un ritmo de vida muy alto que no se podía justificar con el sueldo de la DGT en el caso del informático, ni con la ausencia de ingresos del colíder. Una parte del dinero se enmascaraba con la adquisición de criptomoneda.

INVESTIGACIÓN

La Policía Nacional señala que una vez que los investigadores tuvieron clara la estructura jerárquica y de funcionamiento de la organización, de las personas que formaban parte y de qué roles ejercían, se llevó a cabo un dispositivo policial con 16 entradas y pesquisas en las localidades de Sant Feliu de Guíxols, Quart, Vic, Calonge y Llagostera y dos registros en las sedes de las jefaturas provinciales de tráfico de Girona y Guipúzcoa, y se detuvo a los catorce integrantes de la cúpula de la organización.

El mismo día y en los siguientes días al operativo, se detuvieron a 616 personas relacionadas con el entramado en 29 provincias españolas, principalmente los beneficiarios que habían pagado para obtener los permisos fraudulentos, y se espera que la cifra final de detenidos se acerque al millar.

Los agentes encontraron más de medio millón de euros en efectivo en el domicilio de familiares de la pareja del informático, que también formaba parte de la organización. Los beneficios obtenidos por la organización investigada superan los siete millones de euros.