“Con independencia de cualquier otra cuestión, este es un tema que no admite otra demora”, declaró Calvo, que acudió a petición propia a defender el anteproyecto de reforma aprobado ayer en Consejo de Ministros.

De hecho, afirmó que fue “uno de los asuntos tratados en el primer Consejo” una vez superado el estado de alarma. Explicó que no se pudo hacer antes, ya que la propia Constitución impide su reforma durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.

“Nos hubiese gustado hacerlo en 2020, como prometimos”, pero vino la pandemia, y resaltó que se necesitará un apoyo de tres quintos en cada Cámara para que salga adelante. “Ahora está en nuestras manos”, afirmó.

PROYECTO CONJUNTO

En su intervención, Calvo destacó que “éste ha sido un trabajo conjunto, coral, en el que han participado diputados de todos los partidos, de este Gobierno y del anterior".

Señaló que en 2018 el Ejecutivo ya empezó a trabajar en una reforma del artículo 49 a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). “Esta reforma obtuvo un apoyo unánime en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad”, prosiguió, y se aprobó en forma de anteproyecto a principios de 2019. Sin embargo, la disolución de las Cortes provocó que decayera.

EVOLUCIÓN

Al recodar la historia de esta iniciativa, Calvo apuntó que “lo que empezó como una reforma más tímida, referida a la terminología, ha evolucionado hacia a una modificación completa del artículo 49”. Al principio se buscaba únicamente sustituir el término ‘disminuido’, por considerarlo “peyorativo”, por la expresión 'personas con discapacidad'.

En esta línea, Calvo admitió que existen otras denominaciones nacidas “del mundo académico y de la reflexión”, como ‘personas con otras capacidades, con capacidades diferentes o diversidad funcional’”. Sin embargo, las propias organizaciones de personas con discapacidad manifiestan que así “desean” ser llamadas, por lo que “respetamos su decisión”.

REFORMA INTEGRAL

El anteproyecto presentado ayer modifica “por entero el artículo 49”, que queda dividido en cuatro apartados. En primer lugar se aborda la cuestión terminológica ya citada, apuntó, y se recoge también “un compromiso mínimo” por parte de los poderes públicos para “ejercer un mandato de protección reforzada” de los derechos de este colectivo. Se trata de “garantizar el artículo 14 de la Constitución, de igualdad y no discriminación”, así como de asegurar “todos los derechos reconocidos en el Título I”.

Por otra parte, la nueva redacción reconoce la participación de las organizaciones de discapacidad en la elaboración de las políticas públicas, y recoge de forma expresa “los tratados internacionales relativos a estas personas”.

Según Calvo, esta reforma obedece “de hecho a una actualización obligada por la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad”.

La vicepresidenta explicó que “no es habitual que el texto constitucional recoja de forma expresa las formas de participación ciudadana, más allá de la política a través de los partidos políticos (artículo 5) y la laboral, mediante los sindicatos. No obstante, el movimiento asociativo de la discapacidad “ha sido un instrumento eficacísimo en su promoción”, por lo que “consideramos conveniente incluirlas”, apuntó. Algo similar sucede con lo referido a los tratados internacionales.

Finalmente, la nueva redacción señala la necesidad de prestar especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad, un colectivo “con especiales dificultades, donde por ejemplo se concentran muchos delitos contra la libertad sexual”. “Nos estamos dando un mandato propio de protegerlas”, subrayó.