Las normas comerciales, las políticas económicas, la carga de la deuda, los subsidios y las lagunas fiscales existentes, así como el reiterado incumplimiento por parte de los países ricos de sus compromisos de apoyo, no sólo socavan los esfuerzos para conservar la biodiversidad, sino que son impulsores fundamentales del daño ecológico, concluyen.

Los investigadores pertenecen a las universidades de Lancaster (Reino Unido), Columbia Británica (Canadá) o Duke (Estados Unidos).

El trabajo pretende explicar los compromisos fallidos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un tratado multilateral cuyo objetivo es conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad y compartir sus beneficios equitativamente.

Los investigadores apuntan que el enfoque global para establecer políticas de biodiversidad está sesgado, con discusiones que giran en torno a cómo incorporar la naturaleza a las reglas existentes del juego económico en lugar de examinar en primer lugar cómo estas reglas están creando el problema.

El informe también destaca que las inversiones en proyectos a favor de la naturaleza están haciendo poco para detener el empeoramiento de la crisis de la biodiversidad, principalmente porque dejan de lado los impulsores económicos subyacentes.

Los autores advierten que, si bien un aumento financiero para acciones relacionadas con la biodiversidad sería bienvenido, es necesario abordar varios impulsores económicos, como reglas de comercio e inversión que promueven desarrollos que degradan la biodiversidad, un crecimiento exponencial de la financiación pública y privada de las industrias que degradan la biodiversidad, y políticas generalizadas de austeridad y liberalización comercial.

Cargas de deuda en los países en desarrollo que agotan las finanzas públicas y hacen imposible, para muchas naciones, la inversión en conservación y uso sostenible; arraigadas desigualdades internacionales y nacionales para las cuales un desarrollo económico que daña la biodiversidad se plantea como la única cura; gasto público en subsidios que dañan la biodiversidad y superan el gasto internacional en iniciativas en favor de la biodiversidad y la evasión de impuestos por parte de las élites y corporaciones ricas que drena aún más las arcas públicas son otros aspectos a tratar.

PAÍSES RICOS INCUMPLIDORES

Los investigadores indican que los países más ricos no están cumpliendo con sus obligaciones legales de financiar el CDB. En los casi 30 años desde la firma del Convenio, de 1992, los países signatarios ricos sólo han pagado el 58% de lo que prometieron, mientras persiguen agendas económicas que contribuyen a, o incluso profundizan, las causas de la pérdida de biodiversidad.

“Nuestra investigación muestra que no sólo se necesitan más recursos financieros para detener la crisis de la biodiversidad, sino que necesitamos un replanteamiento más amplio sobre cómo las reglas de la economía están impulsando la sexta extinción”, recalca Jessica Dempsey, del Departamento de Geografía de la Universidad de Columbia Británica.

A este respecto, Dempsey añade: “Necesitamos analizar detenidamente aspectos como la política fiscal y de propiedad intelectual, e incluso las ideas que guían el funcionamiento de la economía global, como lo que los gobiernos entienden sobre ser 'financieramente responsables' cuando la austeridad tiene un historial tan pobre de buenos resultados ambientales".

Los autores destacan que las desigualdades sociales entre razas, géneros, clases y castas no sólo influyen en cómo se sienten los efectos de la pérdida de biodiversidad, sino que impulsan la extinción y la degradación ecológica al presionar injustamente a los países en desarrollo y a las comunidades económicamente pobres a perseguir una supervivencia y estrategias de desarrollo ecológicamente dañinas. Por lo tanto, la justicia social y ambiental debe ser fundamental para los esfuerzos para abordar la crisis de la biodiversidad.

El informe también se centra en las deudas, tanto monetarias como ecológicas, acumuladas por el mundo rico a expensas de los pobres. Los autores señalan que el pago de estas deudas es crucial, pero no se puede perseguir únicamente proporcionando más fondos a través de los canales existentes; también se requiere una nueva reglamentación global para crear una economía más equitativa.