Por ello, cabe esperar que la norma obtenga un amplio respaldo en el Pleno de la Cámara Alta, después de que la Comisión de Derechos Sociales aprobase por 27 votos a favor, uno en contra y una abstención el dictamen, e incorporase 18 enmiendas y una decena de enmiendas transaccionales pactadas entre los distintos grupos que habían presentado un total de 409.

No obstante, los distintos grupos parlamentarios dejaron vivas un buen número de las enmiendas que desean incorporar al texto para su posterior debate al Pleno de la Cámara Alta, lo que sucederá mañana.

De hecho, durante el debate en la Comisión de Derechos Sociales, María Isabel Vaquero (PNV) lamentó que no se haya hecho el esfuerzo de “legislar para salvar el ámbito competencial”. A pesar de dejar claro que la ley es “necesaria”, censuró que “centraliza en el Estado toda la capacidad normativa situando a las comunidades en meras ejecutoras de lo que aquél disponga”, por lo que, “con todo el dolor”, si no se rectificaba este punto, su grupo votaría en contra.

En ese sentido, María Teresa Rivero (Junts) consideró la ley “necesaria”, pero juzgó conveniente dotarla de “un marco escrupuloso con las competencias autonómicas”, puesto que la norma es “supletoria de las competencias que algunas comunidades tienen como exclusivas”.

‘LEY RODHES’

La conocida como ‘ley Rhodes’ contempla la edad a partir de la que empieza a computarse el plazo de prescripción para los abusos sexuales y otros delitos graves contra la infancia cuando el denunciante cumpla 30 años en lugar de 18, edad que contempla la normativa actual.

La norma prohíbe también la contratación de personas con antecedentes relacionados con estos delitos en administraciones o empresas y entidades privadas dedicadas a la atención, formación o cuidado de niños (colegios, guarderías, centros deportivos y de ocio, campamentos o academias), pero no la entrada de niños y adolescentes en las corridas de toros, cuestión esta última que ha generado una acalorada discusión entre los grupos parlamentarios y las protestas de las asociaciones que velan por la protección de la infancia.

Tampoco prohíbe los desahucios de familias con un menor de edad a cargo sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas.

En cambio, sí se ha incluido la posibilidad de que los jueces suspendan "el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación" de los hijos cuando estos hayan presenciado, sufrido o convivido con una situación de maltrato por parte del padre y se haya dictado una orden de protección".

A su vez, se incorpora un mandato a los poderes públicos para evitar que "planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), sean tomados en consideración".

También se reforzarán las garantías para que los menores puedan participar en los procedimientos jurídicos y denunciar; se impedirá que un juez pueda desestimar el testimonio de un menor "por falta de madurez"; y se establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales " en los centros de protección de menores de edad.

Además, se reforzará la atención de los menores víctimas de violencia sexual o de género; se promoverá la especialización de los profesionales de servicios sociales y de los operadores jurídicos; se impulsarán acciones de sensibilización y de promoción de conductas igualitarias; y se prestará especial protección frente al acceso a contenidos peligrosos online.

Por último, el texto incluirá un mandato al Gobierno para que establezca protocolos comunes que regulen los procesos de determinación de la edad de los menores migrantes que llegan solos a España y el uso de las medidas de contención en los centros de menores.