En una nota de prensa, el presidente de Cocemfe, Mario García, aseguró que "la dotación económica prevista en la ley ha sido insuficiente" y añadió que "ahora hay que adaptar la financiación a la realidad para poder proporcionar una adecuada atención a los derechos que la ley genera, y éstos en ningún caso pueden depender de las posibilidades presupuestarias ni de los convenios entre la Administración central y las comunidades autónomas".

Cocemfe apuesta también por mejorar la regulación de la asistencia personal, ampliándola a todas las situaciones de dependencia y no sólo a grandes dependientes, así como a todas las actividades que promueven la vida independiente, no sólo en el terreno laboral y educativo.

Con el fin de gestionar estas prestaciones y de difundir y promover este estilo de vida, la organización propone la creación de "oficinas de vida independiente" en cada provincia.

Asimismo, considera que en los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional deben incluirse también y para todos los grados tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que por medio de técnicas adecuadas puedan mantener y mejorar las capacidades de las personas con discapacidad con el fin de retrasar su deterioro funcional y evitar lesiones, en muchos casos irreparables.

Tras señalar que eso permitiría una reducción importante en el número de personas dependientes en mayor grado, Cocemfe afirmó que la Ley de Autonomía Personal requiere la valoración uniforme en todo el territorio nacional para que las personas en similares condiciones sean consideradas con el mismo grado de dependencia en todas las comunidades autónomas.

A su juicio, también habría que incorporar la participación activa en el Sistema de Autonomía Personal y Dependencia (SAAD) de las entidades pertenecientes al tercer sector social con la creación de órganos donde representen a las personas con discapacidad.

El sector de la discapacidad también reivindica la aprobación del Plan de Atención a Menores de tres años en Situación de Dependencia para facilitar la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades y que para el copago se tengan en cuenta sólo los ingresos de la persona dependiente, en ningún caso los de la familia.

En este sentido, señaló que la participación del usuario debe ser como máximo del 75%, quedando exentos aquellos ciudadanos cuyos ingresos no superen 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.