En declaraciones a Servimedia, la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, valoraba así que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya expresado esta jornada dos posturas distintas sobre si el Ejecutivo está dispuesto a promover una reforma legal en el caso de que las comunidades autónomas digan que sin estado de alarma no tienen medios suficientes para luchar contra el coronavirus.

Campo manifestó primero, en una entrevista en el diario 'El País', que “se estudiarán y propondrán a las Cortes” cambios legales si las comunidades coinciden en que sin estado de alarma necesitan más herramientas legales. Sin embargo, en una entrevista posterior en laSexta, el ministro indicó que el Ejecutivo “no está preparando ninguna norma que modifique” la regulación actual “porque el sistema es suficiente".

En este sentido, Del Barco señaló que “no debe ser tanto” el arsenal normativo existente o “no debe estar interpretándose así por los tribunales” cuando los Gobiernos de Canarias o País Vasco han tomado decisiones que han sido suspendidas por los jueces, como mantener el toque de queda, motivo por el que recurrirán al Tribunal Supremo para que unifique doctrina.

MAYORÍA PARA OTRAS LEYES

A este respecto, la portavoz de la APM apuntó que el decreto del Gabinete de Pedro Sánchez para que el Supremo unifique de forma rápida doctrina sobre decisiones frente a la pandemia “es el único cambio legal que ha habido”, pero implica que haya que esperar a lo que decida el Alto Tribunal.

Añadió que “no parece que esté la cosa muy clara” cuando ahora debe esperarse a que el Supremo se pronuncie sobre medidas como el toque de queda sin estado de alarma. Al mismo tiempo, Del Barco se refirió a que lo llamativo es que el Gobierno postergase la reforma para mejorar la normativa sanitaria pese a que en los últimos meses ha impulsado cambios legales en los que ha necesitado reunir mayorías absolutas.

Aludió, en este sentido, que en el último año el Gabinete de Sánchez “ha conseguido” mayoría absoluta para probar reformas como la de la eutanasia o la que limita las competencias del CGPJ cuando está en funciones.

Esta representante de la APM concluyó que esto supone que si el Gobierno “hubiera querido dar esta respuesta legal” para mejorar la legislación sanitaria “podría haber conseguido la mayoría absoluta”, ya que lo ha hecho en otros casos.