En la recta final de esta vista, el tribunal ha escuchado los informes finales de las seis acusaciones populares personadas en esta causa, entre ellas IU, ADADE y Observatori DESC, y que ya la semana pasada anunciaron la modificación de sus conclusiones provisionales.

Observatori DESC, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha reducido su petición de condena para Bárcenas tras aplicarle la atenuante de arrepentimiento tardío y por su "voluntad de cooperación". La Fiscalía, en cambio, no ha tenido en cuenta la confesión del extesorero y mantiene su petición de cinco años de prisión.

Varias acusaciones han rebajado, por su parte, la pena que solicitaban para el exgerente del PP Cristóbal Páez al eliminar el delito de organización criminal. En concreto, Izquierda Unida, que propició la apertura de esta causa, retiró la acusación por ese delito para Bárcenas y Páez y lo ha sustituido por el de asociación ilícita.

La semana pasada, el juicio entró en su recta final. En primer lugar, expusieron sus informes la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El ministerio público mantuvo su petición de cinco años de cárcel para Bárcenas pese a su ofrecimiento de colaborar con la justicia formulada a través de un escrito días antes de que comenzara el juicio.

El fiscal Antonio Romeral, designado recientemente número dos de la Fiscalía Anticorrupción, mantuvo en su exposición la “cautela” sobre lo declarado por Bárcenas y dijo tener “dudas” sobre las versiones que ha ido dando sobre la existencia y funcionamiento de la ‘caja b’. Pese a ello, manifestó su "convicción" de que los llamados ‘papeles de Bárcenas’, que recogían la contabilidad ilegal del PP, son "reales".

En este juicio, que comenzó el pasado 8 de febrero, están acusadas cinco personas, además de Bárcelas: el exgerente Cristóbal Páez; los socios de Unifica, la empresa que hizo las obras, Gonzalo Urquijo y Belén García, que acometieron una regularización fiscal en 2012 por fondos que tenían en diversos países; y una trabajadora de la empresa a la que ahora exoneran las partes. Se les acusa de haber propiciado el pago de 1,5 millones de euros en dinero negro por la reforma de Génova, 13.

El fiscal considera que ese pago con cargo a la ‘caja b’ se produjo. El mismo criterio tiene la Abogacía del Estado, que defendió como acreditados esto hechos. A su entender, hay indicios que "evidencian fuera de toda duda" que la empresa que estuvo al frente de la reforma, Unifica, ingresó cantidades que no declaró, y se basó en apuntes a nombre del arquitecto y acusado, Gonzalo Urquijo, que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’.

El tribunal todavía tiene que escuchar a las defensas que harán lectura de sus informes pidiendo la absolución para sus representados. En concreto, la representación del PP solicita que no se considere al partido responsable civil subsidiario por los pagos con dinero de esa supuesta ‘caja b’, algo que sí pide la Fiscalía.