El Círculo de Empresarios presentó hoy la 25 edición de su "Libro Marrón" dedicado, este año, a los "Retos y oportunidades de la trasposición de la directiva de servicios".

En su intervención, Boada hizo una defensa del libre mercado y la libre empresa, y sostuvo que la trasposición de esta directiva supone "una clarísima oportunidad para reducir las trabas que aún dificultan la libre competencia de servicios en España".

En la actual situación de crisis, en la que se hace necesaria "una reflexión serena pero realista sobre las deficiencias coyunturales y estructurales que dificultan el retorno a una senda de crecimiento sostenible", esta directiva ha de ser "el catalizador de una verdadera reforma de la economía española", añadió.

Para Boada, la trasposición de esta norma comunitaria "no va a ser fácil, ya que supondrá la reforma obligatoria de leyes estatales, normas autonómicas y múltiples procedimientos". En este sentido, citó el caso de la distribución comercial española, que soporta "la mayor carga regulatoria de la Unión Europea, con más de 700 normas".

A su juicio, por ello, la trasposición representará "un gran alivio de la burocracia", al restringir los sistemas de licencias de apertura y exigir la simplificación de trámites administrativos.

En la presentación del libro (en el que escribe un capítulo, entre otros, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer), intervino también la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo.

Para la representante del Gobierno, la trasposición de la directiva "será un hito crucial en el proceso de apertura y modernización del sector servicios", que engloba más de dos tercios de la actividad económica española y es un importante motor de riqueza y empleo. "De él dependen en gran medida el crecimiento y la competitividad del resto de los sectores de nuestra economía", dijo.

Iranzo sostuvo que la Administración española "no ha escatimado esfuerzos" para adaptarse a esta nueva directiva, que tendrá que estar totalmente traspuesta antes de fin de año. También destacó el esfuerzo de coordinación realizado entre Estado, comunidades y entes locales.

Finalmente, se mostró convencida del éxito de la adaptación de esta norma al ordenamiento jurídico español, dado que hay un "objetivo común" de alcanzar el mercado único y un "convencimiento generalizado de los beneficios que traerá".