En una nota de prensa, estos colectivos consideran que el control y vigilancia del agua son "una herramienta fundamental para asegurar la buena gestión de este recurso cuando los ríos atraviesan varias comunidades autónomas".

Por ello, exigen el cambio del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Gobierno el pasado 26 de agosto, ya que transfiere el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña.

Los firmantes coinciden en rechazar que la reforma se ha llevado a cabo mediante un trámite de "excepcional y urgente necesidad" insuficientemente justificado y sin consultar ni al Consejo Nacional de Agua ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente, como exige la legislación sobre aguas.

"Esta modificación de la Ley de Aguas supone un ataque tan grave a la gestión del agua por cuencas hidrográficas que ha propiciado que grupos con intereses en muchos casos contrapuestos se unan para resaltar la puesta en peligro de los principios modernos en la gestión del agua imperantes en la UE", subrayan.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos apostó por la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas como un principio básico para la utilización sostenible de los recursos hídricos.

En una nota de prensa, el Colegio llamó también la atención sobre la necesidad de que en las cuencas de competencia estatal este principio básico se armonice con las competencias autonómicas en políticas sectoriales, territoriales y ambientales vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos.

Este organismo reiteró la necesidad y urgencia de llevar a cabo una reforma de la Ley de Aguas que asegure la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas mediante la adecuada armonización de las competencias estatales y autonómicas y expresó su convicción de que ello requiere un gran esfuerzo de diálogo entre todas las administraciones, grupos políticos y órganos de participación con el fin de alcanzar el máximo acuerdo posible en una materia tan compleja.