El proyecto fue aprobado por 27 votos a favor, uno en contra y una abstención, e incorpora 18 enmiendas y una decena de enmiendas transaccionales pactadas entre los distintos grupos, que habían presentado un total de 409.

No obstante, los distintos grupos parlamentarios dejaron vivas un buen número de las enmiendas que desean incorporar al texto para su posterior debate al Pleno de la Cámara Alta, lo que podría tener lugar la próxima semana.

La conocida como ‘ley Rhodes’ contempla la edad a partir de la que empieza a computarse el plazo de prescripción para los abusos sexuales y otros delitos graves contra la infancia cuando el denunciante cumpla 30 años en lugar de 18, edad que contempla la normativa actual.

La norma prohíbe también la contratación de personas con antecedentes relacionados con estos delitos en administraciones o empresas y entidades privadas dedicadas a la atención, formación o cuidado de niños (colegios, guarderías, centros deportivos y de ocio, campamentos o academias), pero no la entrada de niños y adolescentes en las corridas de toros.

Tampoco prohíbe los desahucios de familias con un menor de edad a cargo sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas.

En cambio, sí se ha incluido la posibilidad de que los jueces suspendan "el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación" de los hijos cuando estos hayan presenciado, sufrido o convivido con una situación de maltrato por parte del padre y se haya dictado una orden de protección".

A su vez se incorpora un mandato a los poderes públicos para evitar que "planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), sean tomados en consideración".

También se reforzarán las garantías para que los menores puedan participar en los procedimientos jurídicos y denunciar; se impedirá que un juez pueda desestimar el testimonio de un menor "por falta de madurez"; y se establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales " en los centros de protección de menores de edad.

Además, se reforzará la atención de los menores víctimas de violencia sexual o de género; se promoverá la especialización de los profesionales de servicios sociales y de los operadores jurídicos; se impulsarán acciones de sensibilización y de promoción de conductas igualitarias; y se prestará especial protección frente al acceso a contenidos peligrosos online.

Finalmente, el texto que pasará al Pleno del Senado incluirá un mandato al Gobierno para que establezca protocolos comunes que regulen los procesos de determinación de la edad de los menores migrantes que llegan solos a España y el uso de las medidas de contención en los centros de menores.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Carlota Santiago (Ciudadanos) subrayó que la ley supone un “importante avance legislativo” en la protección de niños y adolescentes frente a la violencia. No obstante, apeló al consenso para abordar aquellos “grandes temas pendientes”, como la mejora presupuestaria y la colaboración entre administraciones.

María Teresa Rivero (Junts) consideró la ley “necesaria”, pero juzgó conveniente dotarla de “un marco escrupuloso con las competencias autonómicas”, puesto que la norma es “supletoria de las competencias que algunas comunidades tienen como exclusivas”.

En esa misma línea se pronunció María Isabel Vaquero (PNV), quien lamentó que no se haya hecho el esfuerzo de “legislar para salvar el ámbito competencial”. A pesar de dejar claro que la ley es “necesaria”, censuró que “centraliza en el Estado toda la capacidad normativa situando a las comunidades en meras ejecutoras de lo que aquél disponga”, por lo que, “con todo el dolor”, anunció su voto en contra.

Por su parte, Sara Vila (Izquierda Confederal) celebró que esta sea una “ley pionera a nivel mundial” que hace que “el maltrato infantil deje ser privado para ser público”, mientras que Adelina Escandell (ERC) ensalzó que la norma incorpora en el ordenamiento jurídico español el acervo de los tratados internacionales que abordan los derechos de los menores, si bien reclamó que se tenga en cuenta la prohibición de los desahucios de familias con un menor de edad a cargo sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas.

Por otro lado, Bienvenido de Arriba (PP) deploró que esta ley se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, a pesar de que modifica preceptos incluidos en 17 normas, lo que, a su juicio, demuestra “el poco respeto” que el Gobierno tiene al Senado. No obstante, avanzó su respaldo a la ley, ya que “mi grupo nunca renunciará a la especial protección de los menores en España”.

Por último, Inés María Plaza (PSOE) afirmó que la ley supone “un antes y un después” que “suma a España a la vanguardia de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia”.