Ésta es una recomendación lanzada el año pasado por el Defensor del Pueblo a la Dirección General de Tráfico (DGT) después de que el Ayuntamiento de Nerja (Málaga) se dirigiera a esta institución en 2017 para comunicar que la Guardia Civil del municipio formulaba denuncias por presuntas infracciones sin tener asumidas las competencias en materia sancionadora de tráfico en zona urbana.

El Defensor del Pueblo recoge ese caso en su último informe anual, presentado este jueves de forma telemática al Parlamento y en el que se dedica un apartado a las actuaciones llevadas a cabo por la institución dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán en materia de tráfico.

El expediente iniciado en 2017 indica, según el Ayuntamiento de Nerja, que los agentes de la Guardia Civil entregaban a las personas denunciadas una copia del boletín de denuncia por una infracción de tráfico en el municipio, lo que puede inducir a error y que los conductores piensen que entonces se inicia el procedimiento sancionador y el plazo para presentar alegaciones y recursos ante la jefatura provincial de Tráfico.

"La tramitación de este expediente ha sido muy extensa por la resistencia de la Dirección General de la Guardia Civil a aceptar las propuestas de esta institución", indica el Defensor del Pueblo.

La Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial establece que la denuncia formulada por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado inicia el procedimiento sancionador a todos los efectos.

La Dirección General de la Guardia Civil no aceptó la recomendación del Defensor del Pueblo de que los agentes de la Guardia Civil deben especificar de forma clara y visible el carácter voluntario de la denuncia que interponen.

Por ello, el Defensor del Pueblo recomendó el pasado octubre a la DGT que "las denuncias voluntarias formuladas por los agentes de la Guardia Civil en vías urbanas (fuera del ámbito competencial de la Guardia Civil) sean remitidas al ayuntamiento con competencia sancionadora y no se entregue copia del boletín de denuncia a los denunciados, con el fin de no confundir a los ciudadanos sobre la autoridad competente en la instrucción del expediente".

Además, aconsejó a la DGT que informe por escrito a la Dirección General de la Guardia Civil y a los mandos responsables de las operaciones de la Agrupación de Tráfico de la primera recomendación.

"Se ha requerido en una ocasión la contestación de la Dirección General de Tráfico a las resoluciones anteriormente descritas, sin que haya sido recibida al cierre del presente informe", indica el Defensor del Pueblo.

CARNÉ DE CONDUCIR

Por otro lado, la crisis ocasionada por la Covid-19 "ha agravado" las dificultades para obtener el carné de conducir, pues antes de la pandemia ya había "retrasos significativos" en la celebración de los exámenes, según asegura el Defensor del Pueblo.

La institución dirigida en funciones por Fernández Marugán apunta que ha recibido "numerosas" quejas por ese motivo, a pesar de las medidas adoptadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los exámenes.

Además, el informe refleja "dificultades" en la comunicación telemática entre las autoescuelas y las jefaturas provinciales de tráfico, tras varias quejas de autoescuelas de Barcelona por un programa en línea que "no estaba dando los resultados esperados, en el que se cambiaban continuamente las plantillas, no reconocía a algunos alumnos que ya habían abonado las tasas y les obligaba a presentar una nueva solicitud, se citaba a examen con menos de 24 horas de antelación, entre otras disfunciones".

Las autoescuelas también se quejaron de que solicitaban autorizaciones para circular con motocicletas en vías abiertas y no recibían respuesta de la jefatura provincial de Tráfico, lo que obligó a anular clases, y que se cancelaron algunos exámenes previstos en agosto del año pasado.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo apunta que la suspensión de la atención presencial en las jefaturas provinciales de tráfico como consecuencia del confinamiento domiciliario declarado por el estado de alarma, así como la reanudación del servicio con todas las garantías sanitarias, provocaron "unas preocupantes listas de espera para la obtención de cita previa", ya que, a pesar de que existe la posibilidad de que muchos trámites se puedan realizar de forma telemática, son muchos los ciudadanos que todavía no están familiarizados con el uso del certificado digital y necesitan acudir presencialmente a las dependencias de la jefatura provincial.

Así, la institución recibió quejas del funcionamiento del sistema de cita previa de jefaturas provinciales de Madrid, Segovia, Málaga y Granada, Barcelona, Tarragona, Valencia, Toledo, Zaragoza, Alicante, Navarra, Ceuta, Lugo, Vizcaya, Baleares, Murcia, Girona y Lleida.