En la instrucción, además de analizar el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, se establecen pautas a los fiscales para unificar la respuesta procesal inmediata ante el nuevo escenario de recursos que contempla el texto normativo, estableciendo cauces de comunicación directos con el fiscal de Sala de lo Contencioso-administrativo a través de la red de delegados desplegada por todo el territorio.

Se coordina así la labor del Ministerio Fiscal y se asegura la celeridad en el planteamiento de las cuestiones ante la Sala Tercera del Alto Tribunal. El miércoles, el presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, César Tolosa, celebró una reunión con los cuatro presidentes de sección de la misma sala con el fin de preparar la aplicación de la reforma de la Ley de la Jurisdicción aprobada por el Gobierno en materia de recursos relativos a medidas de las administraciones en la lucha contra la Covid-19, anticipando la entrada en vigor de la normativa el próximo 9 de mayo.

La reforma establece que pueden recurrirse en casación al Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas relativos a las medidas adoptadas por las administraciones en dicha materia.

Como primer acuerdo, en la reunión se ha decidido que será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la asignación competencial para resolver dichos recursos de casación. La Sección estará presidida por el presidente de la Sala. Dicha sección se ocupa ya de la materia de sanidad y ha resuelto en los últimos meses los asuntos relativos a medidas relacionadas con la Covid-19.

En segundo término, se ha acordó solicitar un informe al gabinete técnico sobre la aplicación de la ley, documento de carácter técnico que se repartirá a todos los magistrados de la Sala para que realicen las aportaciones que estimen adecuadas.

Y en tercer lugar, se acordó establecer un canal de contacto entre el presidente de la Sala III del Supremo y de los salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia, ya existente para otros asuntos, con la finalidad de coordinar que se dé cumplimiento a los nuevos plazos, más cortos, que fija la reforma para resolver estos recursos.

El Consejo de Ministros informó el martes de la aprobación de un decreto ley por el que crea un nuevo recurso de casación ante el Supremo, que deberá resolverse en cinco días, pensado para aquellas comunidades que no obtengan el aval de sus TSJ para tomar medidas restrictivas frente al Covid y facilitándoles así una última opción para ponerlas en marcha.