Los afectados señalan expresamente a las asociaciones de empresas lácteas (Aelga y GIL) y las principales industrias lácteas (Pascual, Central Lechera Asturiana, Danone, Puleva, Lactalis, Celega y Nestle, entre otras) por realizar “prácticas anticompetitivas” que habrían provocado una caída de las explotaciones ganaderas de 50.000 a unas 12.000, lo que significa un -76%.

Eskariam denuncia que “el sector de las explotaciones ganaderas ha sido maltratado por la industria láctea en las últimas décadas, afectado por una política de precios que no cubre ni sus propios costes de producción conforme a la información publicada recientemente en el sector, y que trabaja con un producto perecedero que ejerce una presión comercial sobre ellos difícilmente conciliable en un mercado no competitivo”.

Frente a la idea de que las reclamaciones de daños solicitadas por los ganaderos afectados podrían provocar un desmoronamiento de todo el negocio lácteo, replicó que “no se puede, ni se debe, engañar a la opinión pública ni a los ganaderos con mensajes tan tergiversados y calculados”.

A su juicio, “tratar de responsabilizar a los ganaderos de poner en riesgo el negocio lácteo por reclamar a estas industrias sancionadas, lo que durante años les han denegado de forma ilegitima, es un acto censurable que merece ser criticado y en modo alguno ser aceptado”.

Eskariam apunta como argumento que una sola de las industrias lácteas condenada por la CNMC obtuvo en el año 2020 más de 11.000 millones de euros de beneficio, mientras que más de 30.000 explotaciones ganaderas que han desaparecido en el periodo del cartel ya no pueden quejarse porque no existen.

Por todo ello, está defendiendo los intereses de las explotaciones ganaderas en la Audiencia Nacional para que los jueces ratifiquen la resolución de la CNMC contra el denominado “cártel de la leche" y tengan que pagar 80,6 millones de euros, así como que dichas prácticas no vuelvan a repetirse en el futuro.

La empresa jurídica estima que, hasta finales de 2021 o principios de 2022, no se contará con una sentencia de la Audiencia Nacional. Su CEO, David Fernández, resaltó que se intentó “sin éxito” encontrar una solución negociada con la industria láctea en julio de 2020 y, ahora, “los ganaderos ya están convencidos de reclamar por la vía judicial lo que durante años les han denegado de forma ilegitima”. "Estamos preparados para representarles, apoyarles y solicitar las indemnizaciones que les corresponden, más intereses, en todas las instancias judiciales que sean precisas”, sentenció.

Para Fernández, “la CNMC ha realizado un gran trabajo de investigación y ha sancionado adecuadamente a las industrias lácteas partícipes", por lo que espera que la Audiencia Nacional simplemente lo ratifique. "Esperamos también que los aproximadamente 12.000 ganaderos que se han decidido a reclamar reciban sus indemnizaciones, muy inferiores a las que se podrían haber enfrentado la industria láctea sancionada de haber reclamado los más de 50.000 afectados”.