El estudio, que ha sido realizado por la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, analiza la legislación estatal y de la Comunitat Valenciana que afecta a la discapacidad y desvela que “un 17% de la legislación española no está adaptada a la Convención de la ONU, mientras que, en el caso autonómico, esta cifra asciende hasta el 33%”.

Se trata de una investigación que ahonda en conceptos como el derecho del colectivo de personas con discapacidad a la igualdad, la creación de una identidad colectiva, el reconocimiento y la autodeterminación, desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad y el principio de la autonomía personal, para ser nombrados, en su primera parte.

Asimismo, el texto incide en el papel de los medios de comunicación, desde la teoría de la construcción social de la realidad y la importancia del lenguaje para reforzar el uso de la expresión ‘persona con discapacidad’, así como desechar expresiones eufemísticas como ‘diversidad funcional’, ‘capacidades diferentes’ o ‘capacidades especiales’, además de aquellas que infravaloran como 'minusvalía' o 'discapacitado'.

En esta línea, durante la jornada, en el marco de la ponencia ‘La primera reforma social de la Constitución Española. Un nuevo artículo 49 sobre personas con discapacidad’, el presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, explicó la importancia de reformar el artículo 49 de la Constitución Española, que se refiere a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” para alinearla con los preceptos de la Convención.

“Se trata de la primera reforma constitucional que suponga un gran calado social. Es una reivindicación de nuestro sector desde hace más de 20 años, ya que el modelo jurídico de los Derechos Humanos es el único enfoque admisible, en especial desde la entrada en vigor de la Convención”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Cermi CV, Luis Vañó, declaró que el movimiento asociativo, como activista de los derechos humanos, solicita tanto a los representantes políticos como a los medios de comunicación que “no nos cambien el nombre, porque eso supone invisibilizar problemáticas propias, además de no contar con nosotros para definir cómo queremos ser nombrado”.

Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de llevar las cuestiones sobre discapacidad al ámbito universitario para que los estudiantes tengan un conocimiento sobre esta realidad social y puedan desarrollar una sensibilidad hacia colectivos en situación de vulnerabilidad.