La reforma establece que pueden recurrirse en casación al Supremo los autos de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas relativos a las medidas adoptadas por las administraciones en dicha materia.

Como primer acuerdo, en la reunión se ha decidido que será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la asignación competencial para resolver dichos recursos de casación. La Sección estará presidida por el presidente de la Sala. Dicha sección se ocupa ya de la materia de sanidad y ha resuelto en los últimos meses los asuntos relativos a medidas relacionadas con la Covid.

En segundo término, se ha acordado solicitar un informe al Gabinete Técnico sobre la aplicación de la Ley, documento de carácter técnico que se repartirá a todos los magistrados de la Sala para que realicen las aportaciones que estimen adecuadas.

Y en tercer lugar, se ha acordado establecer un canal de contacto entre el presidente de la Sala III del Supremo y de los salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia, ya existente para otros asuntos, con la finalidad de coordinar que se dé cumplimiento a los nuevos plazos, más cortos, que fija la reforma para resolver estos recursos.

El Consejo de Ministros informó ayer martes de la aprobación de un decreto ley por el que crea un nuevo recurso de casación ante el Supremo, que deberá resolverse en cinco días, pensado para aquellas comunidades que no obtengan el aval de sus TSJ para tomar medidas restrictivas frente al Covid y facilitándoles así una última opción para ponerlas en marcha.

La iniciativa del Gobierno que pretende una unificación de la doctrina aplicable a las peticiones restrictivas de los distintos gobiernos autonómicos, algo que choca con la dificultad de que cada una de las comunidades cuenta con legislación propia no equiparable a la del resto y con la distinta evolución de la pandemia en cada territorio.