Así lo dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se ha enviado a la Comisión Europea y con el que se canalizarán los fondos europeos para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Calviño fue preguntada sobre el detalle de la “modernización” de la negociación colectiva que se ha incluido en el paquete de la reforma laboral -componente 23- y, aunque no quiso “prejuzgar” el resultado de la negociación con los agentes sociales, explicó que abarcaría “cómo se van a articular esos convenios colectivos, cómo se tienen que articular los distintos niveles de la negociación, así como el tratamiento de la ultraactividad de los convenios en ausencia de acuerdo de las partes”.

Incidió en que se pretende tener un “acuerdo” sobre una serie de reformas en el ámbito laboral “de calado” en lo que resta de año porque “todos somos conscientes de que es urgente y es importante tener ese nuevo marco normativo en pie para acompañar el proceso intenso de creación de empleo que prevemos que se produzca a partir de la segunda mitad del año en curso”.

En este sentido, dijo que “nuestro objetivo es contar a principios de 2022 con un nuevo marco laboral para un crecimiento de empleo”, con lo que “estamos desplegando el proceso de diálogo social para lograr un acuerdo sobre las reformas de más calado” dentro de este año como es la reducción del número de contratos a tres, la revisión de las bonificaciones a la contratación, la regulación de las subcontratas, la “modernización” de la negociación colectiva y el nuevo sistema de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La reforma del mercado laboral es “muy urgente”, enfatizó Calviño.

Respecto al mecanismo de ERTE, indicó que se va a empezar a trabajar en un sistema “de transición” al estilo de los ERTE por Covid-19 para la segunda parte del año, de cara a dar lugar posteriormente a un sistema estructural.

La vicepresidenta también explicó que algunas de las reformas remitidas a Bruselas ya se han acometido como la ley para los trabajadores en plataformas digitales, que “próximamente será presentada en el Consejo de Ministros”, y “estamos dando pasos” para digitalizar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o flexibilizar la adscripción al sistema de Garantía Juvenil.

En cuanto a la nueva cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, la vicepresidenta indicó que el objetivo es “desarrollar elementos centrales” de esta reforma y “que pueda entrar en vigor ya en 2022”. Cabe recordar que en las últimas semanas trascendió de la reunión que mantuvieron las asociaciones de autónomos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que esta reforma retrasaba su entrada en vigor a 2023.

Este nuevo sistema de cotización, se enmarca en el paquete de reformas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones -componente 30- en el que se prevé culminar la separación de fuentes de financiación, aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo, “reforzar” las bases máximas de cotización y las pensiones máximas, “derogar” el factor de sostenibilidad y sustituirlo por otra fórmula y “adaptar” el periodo de cómputo para calcular la pensión “a las nuevas realidades del mercado laboral”.