Según explica el ejecutivo, su principal finalidad es el reconocimiento y, en consecuencia, la retribución al titular de la explotación por las externalidades positivas, no remuneradas por el mercado, que dicha explotación genera.

Con esta normativa se busca orientar los contratos territoriales hacia finalidades concretas como evitar la despoblación del medio rural o implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya a la vertebración y reforzamiento de la cadena de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios.