Así lo expresó durante su intervención en la jornada sobre la ‘Nueva Agenda del Consumidor-Diálogos Nacionales’, organizada en Madrid por la Comisión Europea y en la que subrayó que, en la era digital, “las necesidades específicas de determinados grupos se tienen que tener en cuenta específicamente”.

A este respecto, precisó que hay “muchos” productos digitales “que no están hechos a medida, que no se atienen a las necesidades de las personas con discapacidad”, y advirtió de que esta situación “debería cambiar” con la aplicación del decreto de accesibilidad europeo que tienen que transponer todos los Estados miembro antes de junio del año que viene.

Tras puntualizar que esta normativa será “plenamente aplicable” en 2025, instó a la industria a “cumplir plenamente” con ella y consideró que las autoridades de vigilancia del mercado “tienen que estar equipadas con las competencias adecuadas para poder comprobar la situación si queremos que esto ayude a la gente con discapacidad”.

Junto a ello, Reynders felicitó al Gobierno de España por “tanta dedicación a los consumidores” y estimó que la puesta en marcha del departamento que dirige Alberto Garzón es una “buena decisión” para ellos, consciente de que “la importancia que tiene la política del consumidor nunca ha quedado tan patente” como durante la pandemia.

POLÍTICA SOCIAL

“La política de consumo es una política económica, puesto que mantiene la confianza del consumidor y nos ayudará a la larga para crear y generar crecimiento económico en el futuro”, agregó, convencido de que “una buena política de consumo también es una política social, porque también protege a los miembros más vulnerables de la sociedad”, entre los que se refirió a los niños, los mayores, las poblaciones rurales, las personas que no tienen acceso a Internet y a aquellas que tienen “demasiadas deudas que pagar”.

En este punto, reconoció la “determinación” de España durante la actual crisis para proteger a los consumidores vulnerables y valoró que el “bienestar social de los españoles está en el centro mismo” de la política de consumo del Ejecutivo central.

“No hay mejor ocasión que ahora para hacer esto y, a medida que nos recuperamos de este período tan complicado, yo quiero que esto permanezca como una prioridad para la política de consumo, no sólo en España, sino en todos los Estados miembros”, apostilló, al tiempo que recordó que la nueva Agenda del Consumidor que la Comisión Europea presentó en noviembre también reconoce la protección de los consumidores vulnerables como “una prioridad”.

Con respecto a la actividad del juego, también competencia del Ministerio de Consumo, el comisario europeo admitió que “cualquier límite a los servicios de los juegos puede tener un efecto negativo en el mercado interior”, si bien resulta “una preocupación para los consumidores y, sobre todo, los consumidores vulnerables”.

En este sentido, puntualizó que, para finales de año, la Comisión ofrecerá “orientaciones” sobre la directiva de prácticas comerciales injustas en relación con los juegos de azar, convencido de que la protección de los consumidores vulnerables es “una prioridad por sí misma, pero también un hilo conductor que atraviesa las otras dos principales prioridades de la política de consumo o del consumidor de la UE”, como son la digitalización y la sostenibilidad.

Por lo que se refiere a los “desafíos” para garantizar un consumo sostenible, defendió que los consumidores necesitan información detallada sobre la durabilidad, mantenimiento y reparación de los productos, algo que reconoció como una “prioridad nacional importante para España” y urgió a la industria a ejercer su “importante papel en la transición verde, garantizando que los consumidores tienen acceso a productos sostenibles y que son sostenibles en sus propias cadenas de producción y de abastecimiento”.

En la misma línea, el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, aseguró que la Nueva Agenda del Consumidor europea y el Ministerio de Consumo español están “recorriendo el mismo camino” y coinciden en situar como “dos grandes retos” la transición ecológica y la transformación digital, con el “reto principal” añadido de convertir al consumidor en “partícipe activo y protagonista y no sólo en destinatario de esta transición”.

Escudero hizo hincapié en que el Ministerio de Consumo ha respondido a la crisis derivada de la pandemia “activando uno de los cinco ámbitos clave de la agenda europea, la protección de las personas consumidoras vulnerables” con medidas como la introducción en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de la definición legal de la persona consumidora vulnerable, atendiendo a los criterios recogidos en la propia agenda europea y en los documentos de la UE.

“Todas y todos podemos ser personas consumidoras vulnerables en una concreta relación de consumo, de manera que tanto los poderes públicos como las empresas debemos prestar especial atención a la hora de garantizar que esa situación de vulnerabilidad no condiciona y deja en situación de desigualdad o desprotección a la persona a la hora de ejercer una relación de consumo”, resolvió.