Esta fue una de las conclusiones a las que se ha llegado en un seminario, organizado por el Cermi, que tuvo lugar este jueves, al que asistieron los directores y directoras generales de la discapacidad de las todas las comunidades autónomas, que contó con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Comité estuvo representado por el secretario del Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jorge Araya; y la vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Amalia Gamio, que pusieron sobre la mesa la necesidad de dar a conocer la Convención a las diferentes regiones para que España, como Estado parte, cumpla con sus preceptos.

En este sentido, aseguraron que “la Convención, que ya ratificó España hace 13 años, es un cambio de paradigma sobre las personas con discapacidad y supone el abandono de los modelos paternalistas y médicos y las instalaciones de derechos humanos y sociales de estas personas y, en consecuencia, significa una transformación trascendental”.

Por último, dieron a conocer las observaciones generales que emitió el Comité en 2019, entre las que destacan materias como la capacidad jurídica, accesibilidad, mujeres y niñas con discapacidad, educación inclusiva, derecho a una vida independiente, y la no discriminación. En este sentido, anunciaron que se está trabajando en una octava observación sobre el derecho al empleo de las personas con discapacidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA

El Cermi, que actúa en calidad de mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, manifestó que es fundamental promover el conocimiento y aplicación de este documento para materializar las Observaciones generales que se emitieron a España por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2019.

De esta manera, la plataforma de la discapacidad instó a los gobiernos autonómicos a alinear sus políticas de la discapacidad a través de una “visión exigente de derechos humanos” para poder cumplir así con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

En relación a las Observaciones realizadas por la ONU, el Cermi aseguró que deben ser consideradas como “líneas de acción prioritaria” para promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad, que se han visto “más devastados aún con la terrible pandemia del coronavirus desatada en 2020”.

En este sentido, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien estuvo presente en el acto, mostró el compromiso del Gobierno con los derechos de las personas con discapacidad y con esta Convención, y afirmó que “esto se constata a través del diálogo civil en el que tienen voz estas personas y sus familias con el objetivo de construir conjuntamente las políticas públicas del gobierno en esta materia”.

Además, aseguró que recientemente ha habido varios logros en materia de discapacidad, como la abolición de las esterilizaciones forzosas que intervenían al margen de la voluntad de las mujeres con discapacidad “cercenando sus derechos sexuales y reproductivos”; la reforma de la legislación civil y procesal para acomodarla a los preceptos del artículo 12 de la Convención y que pretende surtir el sistema que anula y limita la capacidad jurídica por uno de provisión de apoyos; y la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que actualmente se está tramitando en el Senado.

Por último, anunció que una vez decaiga el estado de alarma se procederá con los trámites para la reforma del artículo 49 de la Constitución para que “prosiga con rapidez” y se pueda “avanzar con claridad” en este trámite sobre el que hay un amplísimo consenso de todas las fuerzas políticas.

También participó la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres e integrante del Comité de la Cedaw, Ana Peláez, quien hizo hincapié en el “especial interés” que cobra la consideración de las cuestiones de género y de las mujeres y niñas en la agenda política de la discapacidad, pero también en la de igualdad.

De la misma manera, el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, aseguró que “el diálogo civil debe erigir todas las políticas públicas, sociales, de igualdad y de inclusión y que las comunidades autónomas deben formar parte de esta estrategia de construcción de las políticas de la discapacidad”.