La cautelar fue solicitada por el Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía-Justicia Policial (Jupol) y por la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil) ante el frenazo en la vacunación de miembros de estos cuerpos mientras que los agentes de las Fuerzas de Seguridad autonómicas y locales seguían siendo inmunizados.

Así, el TSJCat insta al Departamento de Salud a que “sin excusa alguna garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación, contra el coronavirus” de policías nacionales y guardias civiles.

Además, establece un plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la finalización del plazo de diez días señalado anteriormente, para que Salut informe al tribunal del estado de ejecución de la medida cautelar. En caso de no cumplir con esta orden el tribunal advierte que hará responsable del incumplimiento a la consellera Alba Verges. El tribunal impone el pago de las costas del proceso judicial a la Administración.

Este mismo martes, la Fiscalía Superior de Catalunya había requerido al TSJCat para que ordenara la reanudación de la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad, al considerar que sufren una "clara e injustificada situación de discriminación" respecto a los Mossos. La inmunización de los miembros de este cuerpo policial fue completada por la Generalitat en febrero pasado.

En ese informe remitido al alto tribunal catalán, la fiscalía apoyaba la petición de los sindicatos de Jucil y Jupol para que se dictaran medidas cautelares.