Concluida a instrucción, se abre un plazo para que todas las partes presenten sus escritos tanto de acusación como de defensa. Jové y Salvadó son considerados los organizadores del referéndum del 1 de octubre de 2017 desde los cargos que ocupaba en la vicepresidencia de la Generalitat y la Consejería de Economía.

Sus recursos alegando indefensión han sido rechazados. Los dos estaban siendo investigados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, hasta que resultaron elegidos miembros del Parlament. Durante ese período ejercieron todas las acciones defensa que consideraron oportunas y, por ello, el TSJ entiende que no han visto vulnerado su derecho de defensa.

La instrucción se centraba en el supuesto espionaje fiscal de la Generalitat a los ciudadanos y el presunto desvío de 400 millones de euros para organizar el 1-O. Está también sobre la mesa la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación. A finales de junio del año pasado ambos pagaron 1,6 millones de euros de fianza gracias a las aportaciones de la Caja de Solidaridad abierta por las organizaciones independentistas.