Así lo indicó el sindicato en un comunicado en el que resaltó que, además, “el convenio de mensajería es de eficacia limitada”, ya que “fue firmado por el sindicato USO sin tener la mayoría necesaria en la parte social y, por tanto, solo se puede aplicar a los afiliados de este sindicato o aquellas personas que se adhieran a ese convenio”.

Por ello, UGT advierte que “el uso de este convenio entre las plataformas constituye un nuevo fraude que afecta directamente a las personas repartidoras y a sus cotizaciones a la Seguridad Social al no aplicarles el salario correcto de los convenios provinciales de Transporte de Mercancías por carretera, que es el convenio que se debería aplicar; algo que, en el caso de Glovo, quedó confirmado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.

“Es necesario tener en cuenta que los repartidores siguen utilizando la misma aplicación con la que trabajaban antes y que la organización del trabajo se sigue realizando desde la empresa principal de forma que esta convierte a la subcontrata en una empresa pantalla que le permite burlar la legislación laboral”, subrayó UGT, que agregó que “cada empresa denunciada está experimentando con diferentes empresas de reparto”.

A este respecto, puso como ejemplo que “Uber Eats está acudiendo a las empresas que utilizan para su aplicación de Uber conductores”, de forma que “las mismas que tienen las licencias VTC ahora, también se dedican a contratar a repartidores de Uber Eats”.

Para el sindicato, “la estrategia de las plataformas es sustituir un fraude con otro fraude”, por lo que asegura que iniciará de nuevo el mismo proceso ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo que llevó a cabo en diciembre del 2017. Esta vez, explicó, “el objeto de la denuncia no es la regulación de los falsos autónomos, sino la subcontratación abusiva con el convenio más barato para que las plataformas sigan teniendo un margen empresarial que les permita la competencia desleal con las empresas que cumplen los convenios colectivos”.

En este contexto, UGT exige al Gobierno “que se publique de forma urgente la ‘ley rider’, de forma que la administración vigile de cerca la forma en la que estas empresas realizan la transformación contractual”.