En una entrevista en Servimedia, Bal criticó que lo de Cataluña “no tiene nombre” y lamentó que les intenten “engañar”, al tiempo que criticó que el Gobierno no haya “condenado nada”, sino que han dicho que se encargarán de su vacunación desde el Ejecutivo central.

A su juicio, el Gobierno ha tomado esta decisión porque el portavoz del PSOE en el Parlamento catalán, Salvador Illa, sigue “llamando a la puerta” de ERC para ver si forma gobierno en Cataluña, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, necesita los votos de ERC y de EH Bildu para “mantenerse en el poder”.

Asimismo, puso de manifiesto que si la Generalitat, en personas concretas y determinadas, no ha cumplido con las “obligaciones” que se establecen en una norma jurídica, podría llegar a ser “prevaricación”, aunque prefirió “ser prudente”, ya que no conoce los datos y quiere escuchar las razones de la parte que no “ha cumplido con sus obligaciones” y ver si ha sido delito.

Para Bal, esta situación “reafirma mucho más” el ‘plan B’ que Ciudadanos planteó para cuando no existiera el estado de alarma. En este plan, la última medida pedía que se reforzara la alta inspección de sanidad del Estado, que pretende coordinar las competencias de Estado con las comunidades autónomas. “Si funcionara, a lo mejor, esto no se hubiera producido”, dijo.

PLAN DE VACUNACIÓN

Bal recordó que su partido ha venido denunciando, desde antes de la campaña electoral de las elecciones en la Comunidad de Madrid, la “confusión” que están creando los protocolos de vacunación contra la Covid-19, que ya van por el “sexto o séptimo cambio” y que cada uno tiene la “ocurrencia más imaginativa” para tratar de ser más “atractiva” de cara la ciudadanía.

Al respecto, Bal lamentó que hace unas semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abogara porque las empresas compren vacunas y vacunen a sus trabajadores. “Pues no”, subrayó Bal, porque, a su juicio, la vacuna es “un bien escaso” y tiene que ser regulada por parte del “poder público”.

Además, Bal afirmó que no entiende que haya colectivos que se entienden como servicios “esenciales” en el Real Decreto del estado de alarma, pero, sin embargo, “no están con una prioridad en la estrategia de vacunación”.