Así lo reclamó en un comunicado en el que demandó “mejoras” en dicha protección para el conjunto de consumidores así como el “endurecimiento” de las sanciones por infracciones y fraudes de consumo y que éstas se hagan públicas, entre otras peticiones que ha recogido en un documento remitido a todas las formaciones políticas y que presenta 37 propuestas para mejorar la protección de los derechos de los consumidores.

De la misma forma, OCU cree necesario que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se promueva el consumo sostenible mediante herramientas que permitan a los consumidores hacer elecciones sostenibles en los diferentes mercados de bienes y servicios.

Entre las demandas de la organización destacan también reducir las listas de espera y avanzar hacia una “mayor transparencia en la gestión” de las mismas; fomentar los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos; el establecimiento de incentivos fiscales al alquiler; apoyar el uso de vehículos menos contaminantes; desarrollar estrategias para “incentivar al ciudadano sostenible” o crear un parque de vivienda pública en alquiler.