Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de esa cuota gubernamental, que aseguraron que la vicepresidenta tercera del Gobierno y representante de más rango en el Ejecutivo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, fue informada por Campo de que iba a pedir la retirada de la iniciativa, pero que no fue la única ministra a quien el titular de Justicia anunció su intención. La vicepresidenta bromeó este mismo miércoles en el Congreso que Campo “habla con todos” y que ella también lo hace.

“Todo está acordado”, aseguraron ayer fuentes gubernamentales después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Campo anunció que pediría a los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos la retirada de la proposición de ley en cuestión. En esa rueda también intervino la ministra de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Ione Belarra.

La proposición de ley fue presentada y calificada por la Mesa del Congreso de los Diputados en octubre, pero todavía no ha sido introducida por ninguno de ellos en sus respectivos cupos para la admisión a trámite. En diciembre, ambos grupos presentaron otra iniciativa de la misma índole que se limitaba a limitar la capacidad de nombrar presidentes de tribunales y salas de un CGPJ con el mandato caducado, como el actual. Con ese movimiento, la reforma de las mayorías quedó “congelada”, en principio para facilitar un acuerdo con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces y por las suspicacias generadas en la UE, pero aún no se había retirado.

De hecho, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, confesó ayer en su rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que no tenía noticia de que Campo fuera a pedir la retirada de la proposición. Y lo reflejó al improvisar su rechazo a la idea del ministro. "Hasta que no tengamos esa alternativa no estamos de acuerdo en recitar esa iniciativa”, sentenció Asens, poco después de justificar: “Nosotros hemos planteado una alternativa. Quien tenga otra mejor, que nos diga cuál es”.

Otras fuentes de la dirección del grupo parlamentario de Unidas Podemos reconocieron ayer a esta agencia que desconocían que el ministro de Justicia fuera a pedir públicamente la retirada de la proposición de ley, aunque daban por hecho que sí se había comentado en el seno del Gobierno de coalición entre los dos partidos que lo conforman. No obstante, fuentes cercanas al secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, negaron que éste hubiera sido informado.