Si bien indicó en un comunicado que primará la “voluntariedad, como criterio preferente”, precisó que los trabajadores mayores de 50 años “no podrán superar el 50% del total de salidas” para evitar “el desequilibrio generacional”.

Con dicho objetivo anticipa que la voluntariedad tendrá “siempre” como límite máximo el cupo de excedente identificado en cada territorio o área funcional. Tras la voluntariedad aplicará también como criterio en la aceptación de las bajas o en las salidas la “meritocracia”, a través de la valoración de la ejecución y desempeño de los empleados.

La dirección del banco ha planteado a los sindicatos esta mañana el despido de 8.291 empleados y el cierre de 1.534 oficinas, algo que es equivalente a un ajuste del 18% en la plantilla y del 27% en su actual red de oficinas.

Del total de salidas, el grueso o 5.742 tendrían lugar en la red de sucursales, otras 1.611 afectarían a los servicios centrales, 250 en las direcciones territoriales, 630 en filiales y 58 en trabajadores con excedencias incentivadas o que se acogieron en su día temporalmente a una excedencia.

Según ha detallado el banco, durante la reunión también ha trasladado su compromiso con un plan de recolocación y acompañamiento de “todas las personas afectadas para facilitar su incorporación y adaptación a un nuevo puesto de trabajo”, que será “absolutamente diferencial” y del que se dará más detalle en próximas reuniones.

Además, han abordado el avance hacia una homologación de las condiciones en retribución y previsión social, independientemente de la entidad de procedencia de cada empleado, así como cuestiones vinculadas “a la flexibilidad necesaria para avanzar en el modelo de negocio y mantener la sostenibilidad de la red rural”. Hasta que se cierre, los empleados conservarán sus actuales condiciones.