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Las CCAA pondrán incluir nuevos sectores beneficiarios para los 7.000 millones en ayudas, incluídas empresas con pérdidas en 2019

-Extremadura y Castilla-La Mancha serán las primeras regiones en activar el mecanismo tras haber remitido ya a Hacienda el convenio

MADRID
SERVIMEDIA

Las comunidades autónomas podrán incluir nuevos sectores entre los casi cien ya identificados por el Gobierno como potenciales beneficiarios de los 7.000 millones de euros en ayudas directas para empresas y autónomos, incluidas compañías que fueran solventes en el año 2019 y que hubiesen incurrido en pérdidas, como ocurre con algunas que encajaron ‘números rojos’ por la quiebra de Thomas Cook.

Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros este martes con una modificación del real decreto con el que creaba el paquete de 11.000 millones de euros en ayudas para empresas y autónomos para “aumentar la protección de nuestro tejido productivos”, de los que 7.000 millones se destinarán a ayudas directas, según lo confirmó la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Según explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno identificó casi un centenar de sectores entre los negocios más afectados por la crisis provocada por el Covid “en base a criterios objetivos a nivel nacional”, tales como son el porcentaje que mantienen aún en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o el grado de reincorporación de esos empleados al mercado laboral desde el pico de la primavera pasada.

“Sin embargo, somos plenamente conscientes de que cada comunidad autónoma tiene características específicas que requieren una respuesta personalizada. Por ejemplo, es lo que ocurre con el sector del calzado o el sector del vino”, detalló para justificar la modificación ahora aprobada. Los nuevos sectores los podrán incorporar las autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla a partir de la firma de los convenios que está estableciendo con el Ministerio de Hacienda, que servirán de base para la puesta en marcha de las ayudas.

Montero precisó que deben de ser “en áreas que se hayan visto particularmente afectadas” en sus territorios, pudiendo incorporar empresas “viables” que sufriesen pérdidas en el 2019 “por causa excepcionales que se produjeron en su territorio” como ocurrió con la quiebra de Thomas Cook, “sobre todo, en la Comunidad Autónoma de Canarias y de Baleares”. El real decreto inicial excluía a las compañías con resultados negativos en el 2019.

La ministra aseguró que se está imprimiendo máxima celeridad a los trabajos “para que las ayudas lleguen lo antes posible a pymes y autónomos”, recordando al respecto que la semana pasada el Gobierno ya aprobó la orden ministerial de reparto de recurso y remitió a la Comunidades Autónomas los convenios.

PRIMERAS CCAA

Una vez suscritos se pone en marcha la maquinaria para que reciban en un plazo de diez días la transferencia de las ayudas, recordó, desvelando que las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha ya han devuelto a Hacienda “esta misma mañana” el convenio firmado, de forma que recibirán los fondos una vez lo publique su ministerio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “De manera que desde ese momento puedan recibir el dinero de forma ya inmediata y puedan sacar su convocatoria para repartir la ayuda entre empresa y entre autónomos”, apuntó.

El paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial previsto en el real decreto se distribuye en tres fondos: 7.000 millones en ayudas directas para pagar costes fijos y que gestionarán las comunidades autónomas; 3.000 millones para recapitalización de deuda avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y un fondo para recapitalizar compañías con 1.000 millones y bajo gestión de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides).

Del primer fondo de ayudas directas que ahora se ha retocado para permitir incluir nuevos sectores, 2.000 millones se asignarán a Baleares y Canarias, dado el mayor impacto que sus economías están encajando por el Covid, y 5.000 millones se distribuirán entre el resto de autonomías conforme a los criterios aplicados para repartir el fondo React-UE.

Son ayudas directas que se destinarán a sufragar costes fijos como pueden ser los relativos a facturas energéticas o alquileres, así como la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros. Podrán acogerse a esta línea empresas y autónomos cuyos ingresos anuales hayan caído más de un 30% respecto a 2019.

El importe máximo que podrían costear con cargo a este fondo será de 3.000 euros para autónomos en el régimen de estimación objetiva en el IRPF y para el resto oscilará entre 4.000 y 200.000 euros. La concesión de estas ayudas terminará el 31 de diciembre de 2021.

(SERVIMEDIA)
20 Abr 2021
ECR/IPS/gja