Según informó este lunes el Grupo Parlamentario Popular, con estas enmiendas se exige que las empresas que se beneficien de dicho fondo de solvencia cumplan los mismos requisitos que se exigen a las pymes y autónomos para poder beneficiarse de las ayudas directas canalizadas a través de las comunidades autónomas, entre ellos el de haber obtenido beneficios en 2019.

En cuanto a la transparencia, el PP precisa que el carácter reservado de las informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI “cesará en el momento en que el Consejo de Ministros apruebe la operación”, de manera que solicita al Gobierno que en un plazo de cinco días remita al Congreso de los Diputados el expediente completo de la operación autorizada.

En cuanto a los requisitos para la obtención de las ayudas, además de los beneficios en 2019, el PP remarca que las empresas solicitantes deben atravesar severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia, y ser consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos “por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados”.