Para esta ocasión, según adelantó la Conferencia Episcopal Española (CEE), no se contará con la presencia de los obispos eméritos, que podrán seguir las sesiones de la Plenaria de forma ‘online’.

La asamblea comenzará con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella. Seguidamente intervendrá el nuncio apostólico en España, Bernardito C. Auza.

Entre otros temas, los prelados estudiarán las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025. La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital.

También informará sobre el Año ‘Familia Amoris Laetitia’; la Comisión Episcopal para la Liturgia presentará para su posible aprobación el ritual de exequias; el Misal y el Leccionario para las misas de la Bienaventurada Virgen María; y la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informará sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación a la nueva ley educativa.

El orden del día también incluye el estudio de la puesta en marcha de la carta del papa Francisco para la institución de laicos, hombres y mujeres, como lectores y acólitos; las implicaciones para la Iglesia en España de la obligación del cumplimiento normativo (Compliance); y la información sobre el estado actual de Ábside (Trece y COPE).

Por otra parte, los obispos miembros de la Asamblea Plenaria elegirán al nuevo presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, tras el fallecimiento, el pasado 28 de enero, de Juan del Río. También está prevista la elección del Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca.

ACTUALIDAD

Previsiblemente, la CEE abordará otras cuestiones de actualidad, como la reciente Ley contra la violencia a la infancia, aprobada este pasado jueves en el Congreso. A las pocas horas, los obispos emitieron un comunicado en el que se hacían eco de que era “una buena noticia”, aunque lamentaron que la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señalase a la Iglesia “como cómplice de esos abusos por encubrimiento”. “Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad", dijeron.

La CEE recordó que estudios independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema en España, pero que señalan que el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, siendo el ámbito familiar el más habitual escenario de esta lacra.