Así lo anunció este miércoles el titular de Consumo en el transcurso de una entrevista en RNE recogida por Servimedia y en la que puntualizó que en la “intención” de su departamento no está aplazar “en absoluto” la implementación en España de esta herramienta “que ya existe”.

“Nosotros no innovamos nada, lo que hacemos es regular lo existente”, abundó, al tiempo que recordó que se trata de un “resumen gráfico” del etiquetado de un producto que ahora recoge sus ingredientes “en una lista enrevesada”.

Por su parte, NutriScore, a través de un algoritmo, “lo simplifica e indica si tiene un exceso de determinados nutrientes que se ha demostrado científicamente que son perjudiciales para la salud en el medio plazo”, dijo, en referencia a la sal, los azúcares o las grasas y, en ese caso, “penaliza” al producto, que aparece “más rojo en la escala” mientras que, en el caso contrario, aparece “más verde”.

“Nosotros no podemos hacerlo obligatorio, porque es una competencia de la UE, lo que significa que lo que hacemos es regular que quien lo quiera poner lo ponga bien y dentro de unos estándares y que funcione adecuadamente para que no se engañe al consumidor”, apostilló, al tiempo que reconoció que su puesta en marcha en España prevista para los próximos meses ha generado “una reacción por parte especialmente de la patronal”.

Preguntado por la posición de algunos nutricionistas que también se han manifestado en contra de este etiquetado frontal, subrayó que “también lo están porque creen que es insuficiente y en este sentido pueden tener razón” a pesar de que se trata del sistema con “más respaldo científico” y el que tiene “mejor capacidad de cambiar los hábitos de consumo”.

“Esto hace que el fabricante cambie su fórmula para mejorar su producto nutricional" y que el algoritmo le otorgue mejor calificación, agregó, convencido de que su eficacia está “demostrada”, dado que provoca que el consumidor “vaya cambiando progresivamente su pauta de consumo y el productor, su fórmula nutricional”.

A su entender, “el problema es que solo abarca la dimensión nutricional” y otras como la trazabilidad ecológica, la trazabilidad laboral o el procesamiento de los productos no se incorporan, si bien su departamento está “trabajando en ir incorporándolas”.

“Desgraciadamente, uno de sus déficits es que no es obligatorio, algo que está debatiendo la UE para ver si lo implanta como obligatorio”, sentenció.

ATENCIÓN AL CLIENTE

En otro orden de cosas, respecto a la resistencia que está encontrando en algunas empresas la norma aprobada hace meses por el Gobierno central que prohíbe las líneas 901 y 902, Garzón advirtió de que, “si hay resistencias es porque se está cometiendo un delito” y recordó que dicha normativa establece la obligatoriedad de garantizar siempre un teléfono gratuito de modo que el servicio de atención al cliente, que, puntualizó, “es un derecho, no tenga que ser algo por lo que se pague”, a pesar de lo cual, lamentó, hay “muchas empresas que han hecho mucho negocio” con estas numeraciones.

Tras subrayar que las comunidades autónomas “persiguen” a las compañías que no cumplen, defendió el “buen papel” de las asociaciones de consumidores para denunciar esos abusos e hizo hincapié en que su gabinete está ya desarrollando una ley de atención al cliente que abrirá este mes a consulta pública y que, tal y como anunció este martes en el Senado, dijo esperar que llegue a las Cortes Generales este año y permita “corregir defectos importantísimos” que provocan “mareos” al consumidor para dar de baja un servicio.