Así lo reclamó la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, en el transcurso de una entrevista concedida a Servimedia, en la que subrayó que el IMV es “un real decreto de ciudadanía, pero es insuficiente”.

“Tenemos que avanzar y tenemos que apostar por la renta básica universal”, sentenció, para denunciar que las “cifras estructurales” que hay en España relativas a pobreza, exclusión y desigualdad resultan “verdaderamente vertiginosas y, además, son estructurales y van in crescendo”.

Tras recordar que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen competencias en materia de inclusión, afirmó que este hecho podría plantear un “escenario muy favorable para coordinar este tipo de competencias, de complicidad con las tres administraciones”, dado que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social “siguen creciendo”.

En este punto, invitó a hacer “una reflexión de cómo se está aplicando” el IMV, convencida de que, con los medios disponibles, aunque en ocasiones puedan no resultar suficientes, “igual podemos descender esas cifras” y dijo tener “la sensación” de que existe “mucha descoordinación al respecto”.

MEDIDA POSITIVA

Así, Vicente incidió en que la aprobación del IMV ha sido “positiva”, consciente de que, “entre tenerlo y no tenerlo, es mejor tenerlo”, pero lamentó que se estén produciendo situaciones “verdaderamente desfavorables” en su aplicación.

Entre las claves como “vacuna social” para luchar contra ello, se refirió a la administración digital que, dijo, “se impone ya”. “No podemos seguir perdiendo el tiempo en que el acceso a la administración, a los derechos, a los servicios, a las prestaciones que tiene la ciudadanía, venga entorpecido por la gestión y por el trámite”, rechazó, urgiendo a acortar los plazos y a que los tiempos para resolver las reclamaciones “sean los menos posibles”.

“Que haya sistemas de información que sean ágiles, que sean veraces, que sean transparentes entre las administraciones”, reclamó, al tiempo que criticó que, durante la pandemia y con respecto a diferentes estadísticas, “en general y no sólo con el caso del ingreso mínimo, esto ha venido siendo un disparate”.

A su juicio, en España “todavía no tenemos, en muchos ámbitos, información, dentro de la administración del Estado, que nos permita hacer un análisis global de las situaciones y poder planificar para saber hacia dónde tenemos que seguir avanzando” y aventuró que, en el caso del IMV, “lo que está pasando es que está habiendo muchas dificultades”.

PROCESO DE PASARELA

En este sentido, estimó que “en su origen” debería haberse articulado un “proceso de pasarela”, que hubiera tenido en cuenta las “situaciones” que ya están “reconocidas y valoradas” como susceptibles de recibir un ingreso mínimo en cada territorio y que responden al “perfil” para poder acceder al IMV “con cierta rapidez”.

“Aquí ha habido un problema importante y la ciudadanía, las familias, las personas que están en una situación verdaderamente de necesidad extrema, se encuentran con que, entre que le piden un papel y luego otro y le verifican que lo que han presentado tiene validez o no, el tiempo pasa”, reiteró.

A este respecto, recordó que, mientras tanto, los afectados, “día a día tienen que hacer frente a la atención de necesidades básicas y perentorias” que están “inicialmente contempladas” en el IMV, lo cual consideró un “verdadero problema”.

Vicente valoró, además, que el número de personas atendidas “no es el que debería ser” y atribuyó esta circunstancia también a la posible existencia de un “cierto relajo” por parte de las administraciones local y regional que, según su criterio, habrían dejado “desasistidas” determinadas situaciones “en espera” del IMV.

“Estamos hablando de familias que tienen menores a su cargo, que tienen personas dependientes y que no pueden esperar”. “Los tiempos en los que se puede manejar la administración no son los tiempos en los que las familias pueden hacer frente a su devenir cotidiano”, apostilló, denunciando que hay situaciones que están siendo “verdaderamente preocupantes para millones de familias y hay cosas que no pueden esperar”.

Vicente se preguntó por qué las administraciones muchas veces tienen que estar pidiendo" muchos papeles” si su contenido se conoce dentro del ámbito público. “Si obra en su poder, sea el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, usted no se lo pide a la ciudadanía”, agregó, para criticar la falta de “articulación y coordinación” entre los sistemas educativo, sanitario, de servicios sociales, empleo y vivienda y advertir de la “oportunidad” que implica la administración digital para lograrlo.