El Supremo acordó la apertura del procedimiento a Laura Borrás el 17 de diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la magistrada-juez de Instrucción número 9 de Barcelona referidas a las diligencias previas seguidas en dicho juzgado contra Laura Borrás, entonces aforada, por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que Borrás fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal designó instructor de la causa al magistrado de la Sala II Eduardo de Porres.

Ahora, una vez acreditada la baja en la condición de diputada del Congreso y por tanto la pérdida de la condición de aforada de Laura Borrás, sin que se haya procedido a la apertura de juicio oral, la sala explica que ha perdido la competencia para conocer de los hechos imputados tanto a la persona hasta ahora aforada, como de Isaías Herrero Florensa, a quien extendió su competencia, debiendo remitirse testimonio de todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, concorde con el artículo 57.2, del Estatuto L.O 6/2006, de 19 de julio de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.