El texto salió adelante por 27 votos a favor, seis votos en contra y dos abstenciones. El dictamen contempla la edad a partir de la que empieza a computarse el plazo de prescripción para los abusos sexuales y otros delitos graves contra la infancia cuando el denunciante cumpla 30 años en lugar de 18, edad que contempla la normativa actual.

La conocida como 'Ley Rodhes' prohíbe también la contratación de personas con antecedentes relacionados con estos delitos en administraciones o empresas y entidades privadas dedicadas a la atención, formación o cuidado de niños (colegios, guarderías, centros deportivos y de ocio, campamentos o academias), pero no la entrada de niños y adolescentes en las corridas de toros.

El texto final, al que se incorporaron unas 70 transaccionales a partir de las 576 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios --muchas propuestas por distintas organizaciones de infancia-, contó con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Más País, ERC y Ciudadanos, entre otros.

De forma abierta se opusieron los diputados de Vox y también del PNV, que lo tildó de "regresión competencial", pese a ser "técnicamente adecuado".

El proyecto de ley no prohibirá finalmente ni el acceso de menores de edad a espectáculos taurinos ni los desahucios de familias con un menor de edad a cargo sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas, tal y como pedían ERC, EH Bildu, Unidas Podemos y varios diputados del Grupo Mixto en sendas transaccionales que fueron rechazadas.

RÉGIMEN DE VISITAS

En cambio, sí se ha incluido la posibilidad de que los jueces suspendan "el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación" de los hijos cuando estos hayan presenciado, sufrido o convivido con una situación de maltrato por parte del padre y se haya dictado una orden de protección". También se incluye un mandato a los poderes públicos para evitar que "planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), sean tomados en consideración".

También se reforzarán las garantías para que los menores puedan participar en los procedimientos jurídicos y denunciar; se impedirá que un juez pueda desestimar el testimonio de un menor "por falta de madurez"; y se establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales " en los centros de protección de menores de edad.

Además, se reforzará la atención de los menores víctimas de violencia sexual o de género; se promoverá la especialización de los profesionales de servicios sociales y de los operadores jurídicos; se impulsarán acciones de sensibilización y de promoción de conductas igualitarias; y se prestará especial protección frente al acceso a contenidos peligrosos online.

Finalmente, el texto que pasará al Pleno del Congreso incluirá un mandato al Gobierno para que establezca protocolos comunes que regulen los procesos de determinación de la edad de los menores migrantes que llegan solos a España y el uso de las medidas de contención en los centros de menores.

OBJECIONES

Fueran rechazadas las propuestas más ambiciosas de ERC, Bildu y otros grupos minoritarios referidas a la no utilización de pruebas invasivas para determinar la edad de los menores no acompañados a no ser que su documentación sea desestimada por proceso contradictorio.

También se desestimó la enmienda de Ciudadanos para elevar a los 40 años la edad límite a la que se empieza a computar el tiempo para la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad.

La portavoz de la formación naranja, Sara Jiménez, subrayó la coincidencia de las ONG del sector en esta petición, por lo que lamentó “ la falta de argumentos convincentes" para rechazarla.

Se mostró crítica con la consideración de autoridad pública de los trabajadores de los servicios sociales, por considerar que "no se han debatido de forma suficiente todas las aristas" que este aspecto presenta. A este punto se opuso también Bildu, que advirtió de que esta posibilidad "puede suponer la pérdida de la patria potestad de personas en situaciones muy vulnerables" sin que ni siquiera intervenga un juez.

Asimismo, la diputada del PP María de la O Redondo coincidió en criticar el rechazo a las enmiendas que pedían "una dotación presupuestaria específica" como acompañamiento a la ley.

Redondo lamentó a su vez "la poca voluntad de consenso" del gobierno" con determinados grupos. De las transaccionales aprobadas, "casi todas han sido presentadas por PSOE y Podemos", declaró.

SÍ A LOS TOROS

La portavoz de Unidas-Podemos, Lucía Muñoz, subrayó los avances conseguidos en esta ley, “tan necesaria e innovadora “.

Destacó que responde a las demandas de numerosos colectivos y ONG de infancia, y a las recomendaciones de organismos internacionales y de instituciones nacionales, como el defensor del pueblo.

Sí lamentó Muñoz la no inclusión de las enmiendas pactadas con otros grupos de izquierda sobre la prohibición de que los menores de edad accedan a espectáculos taurinos y sufran desahucios sin una solución habitacional alternativa.

Para la portavoz de ERC, María Carvalho, "no tiene ningún sentido" el argumento de que no se puede regular con una ley estatal el acceso a espectáculos públicos por ser esta una competencia exclusivamente autonómica.

INSTITUCIÓN FAMILIAR

Asimismo, María Teresa López y José María Sánchez hablaron en nombre de Vox y mostraron su firme oposición al proyecto de ley. Para la primera, se trata de "un teatro del absurdo" que busca "atentar contra la familia e inculcar la tesis sobre el género del Gobierno".

Sánchez criticó "la intromisión" que a su juicio la ley pretende en la educación de los niños y el cuestionamiento de la institución de la familia. Se trata de "una ley anti hombres y anti familia “, declaró.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión, María Luisa Carcedo, se felicitó por el impulso a este proyecto de ley, que por fin "levanta la capa de niebla que ha ocultado tantas y tantas situaciones de violencia contra los niños y adolescentes".

En cuanto a las acusaciones de intromisión familiar, Carcedo repuso que es en "los entornos donde los niños se sienten más seguros y confiados donde con más facilidad y frecuencia Las situaciones de abuso y delitos se producen", y de ahí la necesidad de intervenir.

Sí quiso alabar el esfuerzo mostrado por todos los grupos a la hora de sacar adelante esta iniciativa, y rechazó que incurra en una invasión de competencias autonómicas como alertó el diputado del PNV, Íñigo Barandiaran.