López señaló que esta inversión para el sostenimiento del turno de oficio se realizará mediante la concesión directa de subvenciones.

Para ello, se han suscrito sendos convenios de colaboración con el Consejo del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid (Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares) y con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

El objeto de dichos acuerdos es dar cobertura a aquellas actuaciones de los profesionales del turno de oficio (abogados y procuradores) cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

En este sentido, indicó, la prestación del turno de oficio es esencial para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución Española de 1978.

A su juicio, “la financiación del turno de oficio y todas las demás actuaciones de la Comunidad de Madrid en relación con la justicia gratuita constituyen uno los pilares de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid en materia de Administración de Justicia”.

En la actualidad, abogados y procuradores remiten a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas las certificaciones de gasto relacionadas con la asistencia jurídica gratuita. Previamente a esta certificación formal, se envía a la Consejería para su revisión una precertificación en la que se detectan posibles errores.

Tras la comprobación de la certificación presentada, se elaboran y tramitan los correspondientes documentos contables para que, en última instancia, la Tesorería General de la Comunidad de Madrid pueda proceder a los abonos respectivos.