De esta manera, como explicó en una comparecencia el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, al Generalitat pone de manifiesto su compromiso con la austeridad y el equilibrio de las finanzas catalanas “para reforzar la credibilidad” ante las principales instituciones y los mercados.

Según el nuevo proyecto de ley, el Departamento de Economía y Conocimiento y el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) serán los encargados de calcular el déficit estructural, a partir del saldo presupuestario en relación con el PIB catalán.

Los presupuestos se elaborarán de forma que irán reduciendo gradualmente el déficit hasta llegar al objetivo de déficit estructural en 2018.

La norma también prevé que los límites respecto al déficit y el endeudamiento de la Generalitat se podrán revisar “en situación de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia legalmente declaradas” que afecten de forma importante a los presupuestos de la Generalitat, cuándo “así lo aprecie el Parlamento de Cataluña”.

Por otra parte, con la voluntad de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el proyecto de ley también incluye la creación de un fondo de reserva que se podrá utilizar para la cancelación de deuda o para no efectuar nuevas apelaciones al crédito. Este fondo se nutrirá a partir de los excedentes procedentes de los ingresos de la Generalitat cuando estos superen las estimaciones consignadas en los presupuestos anuales.

La norma también puntualiza que la ejecución de los créditos presupuestarios relativos al pago de la carga financiera (intereses y capital) que la Administración tenga con las entidades financieras “tiene carácter prioritario sobre cualquier otra partida de gasto”.