Según el Gobierno, la norma establece medidas preventivas dirigidas a proteger la salud pública en las que introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales. Así, establece medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento en domicilio, internamiento en centro hospitalario o aislamiento o internamiento, así como la posibilidad de obligar a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad, como la vacunación.

La norma a impugnar reproduce los artículos segundo y tercero de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión siguiendo el pronunciamiento del Consejo de Estado, después de que le solicitara un dictamen con carácter urgente.

El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo de 2021.

La impugnación ante el Tribunal Constitucional producirá la suspensión del apartado recurrido. El Tribunal tendrá un máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión