GALICIA. UNA MUTUA IMPIDE A UNA ATS COGER UNA BAJA AMAMANTAR A SU HIJO SIN RIESGOS

- El sindicato CIG en Ferrol afirma que la única salida es la demanda judicial

FERROL
SERVIMEDIA

Responsables de la Confederación Intersindical Gallega (CIG) en Ferrol, pertenecientes a la sección de administración pública, denunciaron hoy la situación discriminatoria que supuestamente está padeciendo una ATS, trabajadora de una residencia pública de mayores de esa ciudad, al denegarsele la prestación por riesgo que solicitó. Se trata de la madre de un bebé menor de nueve meses y por el tipo de trabajo que realiza a diario solicitó interrumpir, como recoge la ley, su tarea diaria durante la lactancia natural.

La solicitud se apoya en virtud del artículo 135 bis de la Ley de la Seguridad Social, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de Prevención y la Ley 2/2007 del Trabajo en igualdad de las mujeres en Galicia.

Además, según este mismo sindicato, la Ley General de la Seguridad Social reconoce que existe situación de riesgo durante la lactancia natural de un hijo menor de nueve meses cuando las condiciones de trabajo puedan influir negativamente en la salud de la madre o del bebé lactante.

Según la CIG, para estos casos la propia ley reconoce un período de suspensión del contrato de trabajo y la consiguiente prestación económica para aquellos supuestos en los que la madre no se le pueda cambiar de lugar de trabajo con otro compatible.

Desde la CIG también se apunta que estos casos debe de ser la mutua de prevención, en este caso Mutua Gallega, la que tiene que pagar la prestación y al mismo tiempo emitir informes o valorar los ya aportados por la empresa sobres los riesgos para la lactancia natural existentes en el puesto de trabajo, algo que según la CIG, no están dispuesto a realizar por parte de esa empresa del ámbito sanitario y de la prevención.

POSICIÓN DE LA XUNTA

Además, según este sindicato, el Servicio de Prevención de la Xunta de Galicia consultado sobre este caso particular y sobre sus competencias para hacer cumplir la ley, manifestó que “esta situación no es de competencia” y aclara que este tema deberá de ser solucionado directamente por la mutua.

Ante esta situación, los delegados sindicales del CIG en Ferrol afirmaban que, una vez agotada la vía administrativa, el único camino que le queda la esta trabajadora es iniciar el ámbito judicial, una opción poco práctica de emprender "en vista de la lentitud de esta administración y que con toda seguridad dictaría sentencia mucho más tarde de los nueve meses de concesión de permiso".

(SERVIMEDIA)
07 Oct 2009
MAG/isp