Labrador afirmó que el Ejecutivo ha tomado esta decisión “para demostrar la falsedad de estas afirmaciones y garantizar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que el que el Gobierno no se dedica a realizar ningún tipo de actividad contraria al ordenamiento jurídico".

“No vamos a consentir, por el buen nombre del Gobierno y por el buen nombre de los ciudadanos de Castilla-La Mancha que nadie ponga en duda la honorabilidad de este Gobierno”, señaló.

Asimismo, el consejero de Presidencia dijo que “las personas que hagan acusaciones infundadas y falsas contra la honorabilidad del Gobierno deberán responder ante los tribunales”.